UNA JUEZA MODELO. Así titulaba Página12 el hallazgo –perla periodística irresistible- de que la juez de menores Inés Siro, que se hizo conocida hace unos días por frenar el aborto a la joven discapacitada violada, había posado para un cartel publicitario. El oxímoron se tornaba obvio y escandaloso: una jueza aparentemente tan interesada en la moral tenía el tupé de posar para algo tan fatuo como la moda y la publicidad. El cartel era de la fábrica de prendas de cuero”Etnia” y para peor de los males estaba justo en la puerta de un hogar de chicos del Club de Leones de Gonnet. La inoportuna imagen de la jueza cayó como anillo al dedo para quienes la querían matar por el fallo dictado. Porque a pesar de la opinión de la Corte provincial que días después se pronunció a favor de la autorización de la intervención quirúrgica destinada a poner fin a tan embarazoso embarazo, ya era demasiado tarde. Quedaba solamente llorar sobre la leche derramada, y en un efecto trapo de piso (para tratar de limpiar el desastre), pedirle el juicio político a la magistrada. Todos presenciamos en los programas de TV de debate político, fervorosas opiniones defendiendo o condenando las diferentes posturas. Todas atendibles y muy bien fundamentadas, todas empapadas, desde uno u otro sector del fundamentalismo más virulento. En el medio de la batalla la ligó la jueza –glorificada por unos, demonizada y ridiculizada por otros- que tuvo la mala puntería de posar para la empresa familiar. Sucede que la dueña de la fábrica de camperas de cuero es la cuñada de la magistrada, y como toda pyme que se precie, nunca viene mal la ayuda familiar. Parece que por una cuestión de ahorro de costos el hermano menor de la jueza, Guillermo Siro, le pidió, al igual que a otros familiares, que posara para el hoy controvertido cartel. Nada hubiera trascendido y todo hubiera pasado sin pena ni gloria, sin la controversia del pedido de aborto. Seguramente la magistrada jamás pensó que el cartel, resultado de un sí demasiado fácil, podía transformarse en vaselina para su juicio político. Para peor, la empresa tuvo que terminar sacando el cartel porque lo llenaron de piedrazos y por la ubicación de la pieza publicitaria, justamente la puerta de un hogar de niños, su irritativa permanencia no era obviamente lo más aconsejable.
PÍO PÍO, DECÍ ALPISTE. El camino para elegir al nuevo juez federal de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, finalmente llegó su fin luego de un largo proceso que no estuvo exento de algunas curiosidades. Hace pocos días, Oscar Valentinuzzi, que había quedado primero en la terna que elevó al Ejecutivo el Consejo de la Magistratura, juró y se hizo cargo del juzgado. El magistrado, que se venía desempeñado al frente de la Secretaría de Leyes Especiales en el Juzgado Federal de Río Cuarto, había sido elegido por el Senado en la sesión del 1 de junio, donde otras seis colegas también recibieron el aval legislativo. Sin embargo, cuando el trámite estaba llegando a su fin se alzaron algunas voces en contra del proceso de selección. De esa manera surgió una vieja historia que terminó en la Justicia y que pudo ser ratificada por un cronista de este medio. La “víctima” fue el abogado Francisco Posse, que se había presentado para concursar por la vacante de Bell Ville pero terminó desilusionado con los resultados del proceso. Posse fue notificado de las notas del concurso, vía fax, en un locutorio de la ciudad de Bariloche (llamado Pío Pío) el 28 de diciembre de 2004, sí el Día de los Inocentes, cuando el domicilio que había denunciado era en la ciudad de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, donde por entonces se desempeñaba como fiscal. Según cuentan sus allegados, Posse había obtenido la mejor nota en los exámenes (78 puntos, con una ventaja de 10 sobre el segundo y 20 sobre quien finalmente fue elegido juez) pero el rubro antecedentes parece que no era su fuerte. Sin embargo, el concursante no pudo impugnar los resultados (como sí los hicieron los demás y como se hace habitualmente en estos casos) porque fue mal notificado y se enteró fuera de tiempo. De esa manera, nunca pudo hacer uso de las facultades que le otorga el artículo 37 del Reglamento de Concursos Públicos del Poder Judicial. Posse pidió la nulidad del proceso (fue rechazada por la Comisión de Selección del Consejo) e inició acciones judiciales pero nunca de esas vías frenaron el trámite normal del concurso en el que intervinieron una docena de postulantes. Al candidato le quedó el gusto amargo de lo que podía haber sido, pero no fue. Del dicho al hecho hay mucho trecho y desde Bariloche a La Banda una punta de kilómetros y quizá un cargo de juez.