UNA VOZ EN EL TELÉFONO. Las pinchaduras de teléfonos (de línea o celulares) son moneda corriente por estos días. Sucede que la vulnerabilidad de los teléfonos es cada vez mayor y las herramientas tecnológicas utilizadas se superan día a día. Funcionarios políticos y judiciales son los más buscados por los “hackers telefónicos”. Aunque el rubro periodístico no se queda atrás. Contraponiéndose a la aparente facilidad de las pinchaduras ilegales, las intervenciones telefónicas legales no son nada fáciles de hacer. Con el creciente tráfico de drogas y en pleno auge de los secuestros de los últimos años, paradójicamente para que un juez pueda conseguir una intervención telefónica legal, tiene que sacar número y esperar la cola, porque la SIDE no tiene suficientes recursos para tanto laburo simultaneo. Es más fácil sacar el Quini 6, que conseguir un turno con la celeridad que la gravedad de determinados delitos requiere. Pero eso no se dice, de eso no se habla y eso no se toca. Pese a la gravedad del tema, poco se dice al respecto. Sin embargo, esta semana cobró interés público la denuncia que realizó el consejero Claudio Kiper. El camarista civil le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que tome cartas en el asunto ante la sospecha cierta que sus teléfonos estaban siendo intervenidos. Rápidamente el titular de la Comisión de Administración, el juez Abel Cornejo, le pidió a la Universidad de Buenos Aires que “audite” las líneas de todos los consejeros, incluyendo líneas de fax, fijas y de teléfonos celulares. El informe completo realizado por los expertos del Plan Nacional de Seguridad Teleinformática será presentado en el Consejo. Aunque no adelantó sus conclusiones, el Director de ese organismo, Ariel Garbart, aclaró que se trabajó durante tres días enteros en este caso, y que, de encontrar intercepciones, se bloquearán directamente. Además, el Director de la cátedra de Tecnología de la UBA explicó que el software utilizado no permite identificar a los hackers, aunque recordó un caso, en el año 2000, donde se llegó hasta el mismo edificio de la SIDE por orden del juez federal Jorge Urso tras una denuncia del periodista Jorge Lanata. Dentro del ámbito de la Justicia, los peritos que trabajan bajo las órdenes de Garbart recibieron consultas en los últimos años del Tribunal Superior de la Ciudad, de la Procuración General de la Nación, de varios jueces y fiscales federales y del propio Eugenio Zaffaroni, cuando aun no integraba la Corte Suprema. Ininteligibles diálogos entre funcionarios, con claves y metáforas que a veces ni ellos mismos entienden, en una mezcla de Maxwell Smart y Alfredo Casero, por lo ridículo y poco útil del espionaje criollo. Mito o realidad, lo cierto es que el tema las pinchaduras, además de ser un tema de status, por elevar a la categoría de importante a la ocasional víctima, es ya un lugar común. ¿Paranoia o delito? Ser o no ser escuchado, esa es la cuestión.
EL PASTO DEL VECINO SIEMPRE ES MÁS VERDE. La Legislatura de Neuquén le dio una gran alegría a la familia judicial de la provincia. El pasado 21 de septiembre –ahora titulado de la primavera judicial- convirtió en la ley 2501 un proyecto redactado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el cual se les dio un 15% de aumento a los vocales del propio tribunal. El artículo primero dice que se establece un “incremento del quince por ciento (15%) en la asignación del cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia”. Pero los aumentos no son sólo para los supremos neuquinos. El artículo 2 fija “un incremento del quince por ciento (15%) en la asignación especial remunerativa no bonificable creada por el artículo 8º de la Ley 2350”. Esa norma establece “una asignación especial remunerativa no bonificable para magistrados y funcionarios comprendidos entre las categorías JAM a JGF”. Esas categorías van desde el presidente del TSJ hasta asesor técnico pasando por juez de cámara y primera instancia, defensor y fiscal de cámara y demás. Además, el articulo tercero otorga un “un incremento del quince por ciento (15%) en la asignación especial remunerativa y bonificable creada por la Ley 2472.” Esa ley creó una asignación especial para el personal del Poder Judicial de la provincia que es remunerativo y bonificable de $ 200 a partir del 1 de abril de 2004. Los aumentos no fue lo único que otorgó la ley, sino que también modificaciones a la forma de liquidar la antigüedad. Con la nueva ley se le reconoce a los magistrados y funcionarios judiciales el 2% del total del sueldo por cada año desde que recibieron el título de abogados. Para lograr eso se debió modificar el artículo 10 de la ley 1971 que ahora quedó redactada así: “Los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial e integrantes de los Ministerios Públicos y Cuerpos Auxiliares de la Justicia provincial, percibirán en concepto de adicional por antigüedad por cada año de servicio o fracción mayor a seis (6) meses, que registren al 31 de diciembre del año inmediato anterior, una suma equivalente al dos por ciento (2%) de la sumatoria de los rubros: salario básico, compensación jerárquica, compensación funcional, permanencia en la categoría, ubicación no escalafonada y título. La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales y municipales. Para magistrados judiciales, fiscales y fiscales adjuntos, defensores y defensores adjuntos, secretarios y prosecretarios, de todas las instancias respectivamente, se bonificará el tiempo de antigüedad computable de servicio o de matriculación en el colegio profesional, según sea más favorable al beneficiario”. La antigüedad por titulo de abogados es repudiada por los empleados judiciales nucleados en el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquen (S.E.JU.N.). Hechos una furia, en un comunicado titulado “Vergüenza” acusan sin pelos en la lengua. El texto reza textualmente que “este privilegio fue rechazado y repudiado por los trabajadores judiciales, entendiendo que, además de aumentar la brecha social existente entre ricos y pobres, se instalan en la provincia “títulos nobiliarios”. Esta Ley es un “premio estímulo” del gobernador Sobisch para el Tribunal y los jueces que garantizan la impunidad de su gobierno”. Mientras tanto, en la vecina provincia de Mendoza un grupo de jueces, fiscales y funcionarios judiciales fracasaron en su intento de recurrir a la Corte para frenar un plebiscito de reforma constitucional, que impediría la indexación de sus salarios. Se ve que los cuyanos van a tener que ahogar sus penas en los buenos vinos de la zona, porque el gobernador Julio Cobos, igual que su antecesor Iglesias, está con los tapones de punta contra ellos. O los gobernadores mendocinos son muy tacaños o los jueces son muy pedigüeños.