La causa está caratulada como “Fundación Greenpeace Argentina y Otros (Fundación Vida Silvestre Argentina y Asociación Illay c/ Provincia de Salta s/ Amparo". El recurso surge como consecuencia del rechazo de la acción efectuada por el máximo Tribunal Provincial, que, en fallo dividido, entendió que la desafectación y posterior venta de la Reserva Provincial se encontraba plenamente justificada, habida cuenta del deterioro ambiental que presenta la misma.
Desde las asociaciones ambientalistas destacaron el meduloso voto efectuado por María Cristina Garrós Martínez, que sostuvo minoritariamente que “el mandato constitucional del Art. 41 de la Constitución Nacional y 30 de la Constitución de Salta imponen un mandato de protección del ambiente” y diversas normas “establecen la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental -EIA- de todo proyecto con incidencia sobre el medio ambiente, con participación ciudadana....”.
Para Daniel Sabsay, director de FARN y especialista en derecho Constitucional, el caso podría representar "un peligroso antecedente" para todo el sistema de áreas protegidas de la Nación.
Si la Corte avala la decisión del gobierno de Salta, "se genera una peligrosa jurisprudencia", opinó. Y agregó en un comunicado que "la noción de perpetuidad que pesa sobre nuestros Parques y Reservas se ve gravemente lesionada".
La Reserva de Pizarro podría desaparecer en pocos días si se aprueba el proyecto de desmonte que impulsan los productores con el aval del gobierno provincial. El conflicto data desde hace más de un año, cuando el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, logró que la Legislatura provincial aprobara la desafectación como área protegida de los lotes fiscales 32 y 33 que conformaban la Reserva. Al poco tiempo, el gobernador salteño remató la Reserva a productores agropecuarios, cuyos planes incluían el desmonte de las tierras y el desalojo de las comunidades criollas y aborígenes que habitaban la zona.