La apertura del seminario, organizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) junto a varias ONGs de otros países, estuvo a cargo del presidente del Senado, Daniel Scioli, y los senadores Marcelo López Arias y María Cristina Perceval; la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco; el presidente de la Cámara de Diputados de Canadá, Peter Milliken y el embajador de la República Federal Alemana, Rolf Schumacher.
En esa primera jornada también estuvo presente la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay, ex jueza ad litem del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia quien disertó sobre su experiencia en tribunales penales internacionales.
En las jornadas siguientes participaron, en algunos casos como expositores, magistrados y funcionarios de distintos países latinoamericanos, operadores del derechos, profesores e investigadores, parlamentarios y miembros de organizaciones sociales.
En ambas jornadas disertaron, entre otros, Mónica Pinto, vice Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la juez para el Tribunal de Ruanda y para la Antigua Yugoslavia, Inés Weinberg de Roca; la presidente de Amnistía Argentina, Soledad García; la directora del CELS, Andrea Pochak; Hugo Relva, de Amnistía Internacional; y Gabriel Valladares de la CICR.
El objetivo del evento fue
promover el debate alrededor de la implementación y aplicación del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional en Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Asimismo, se destacaron los avances para las mujeres, en lo relativo a violencia sexual, procedimiento y prueba, y tratamiento de víctimas.
En diálogo con este medio, Aidé Birgin, una de las organizadores del seminario, destacó la repercusión que tuvo la convocatoria, donde hubo exposiciones sobre el Estatuto de Roma, sobre cómo deberían ser las leyes que deben aprobar los países latinoamericanos para aplicarlo, y sobre la experiencia de la Corte Penal Internacional.
Además destacó que “hay un proyecto de ley que tiene media sanción” y que a partir de su sanción definitiva nuestro país va a adoptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. “Por el momento, el tema no tiene sanción parlamentaria en nuestro Estado”.
Las graves violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial demostraron la necesidad de implementar mecanismos para juzgar a los responsables. Los Tribunales de Nüremberg, Tokio y los Tribunales ad hoc para la Antigua Yugoslavia y Ruanda constituyen algunos de los antecedentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El estatuto fue adoptado en 1998, y la Corte Penal Internacional entró en vigencia el 1° de julio del 2002, sentando un hito histórico para la humanidad y la justicia, ya que por primera vez se cuenta con un instrumento penal de carácter universal que permite juzgar a personas acusadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contextos armados de índole nacional o internacional.
En materia de justicia de género, el Estatuto de la Corte logra sustantivos avances al incorporar el principio de no discriminación en base al género como fuente interpretativa del Estatuto y al codificar un conjunto de conductas de violencia sexual como crímenes de derecho internacional.
dju / dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.