Esteban Falcionelli

El país terminó el año 2004 sacudido por el horror del incendio de “República Cromañón”, el lugar inaugurado con bombos y platillos como nueva catedral del rock, sobre el ámbito físico de la célebre bailanta “El Reventón”, antiguo escenario de tantas historias de Plaza Once. Cerca de doscientos muertos y casi ochocientos heridos marcan un record de daño como pocas veces se había visto en Argentina, y concitan la indignación de la población entera, en clara contraposición con el oportunismo o la condescendencia corporativa de la clase política. Tropezar casi con el cuerpito muerto de una niña de ocho años, en el piso de la Morgue, compartir el dolor de los parientes en su desesperada búsqueda y en el cruel ritual de reconocimiento de cadáveres, y tener que plantear desde la primera hora del viernes 31 de diciembre las medidas cautelares en resguardo de los evanescentes derechos de las víctimas, son realidades asocian a la sensación común de los afectados directamente por el delito. Este horrible crimen no puede quedar impune. Y tres son los ámbitos de responsabilidad, perfectamente distinguibles, y claramente exigibles: 1.- La responsabilidad política, que es aquella que se pretende a toda costa eludir volcándola sobre una presunta culpa colectiva, inexistente al menos en grado suficiente como para crear la catástrofe. El gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a más de sus inequívocas responsabilidades funcionales, sabe muy bien de incendios con víctimas mortales. Hace dos años, la muerte de dos niños en el Hogar municipal Piedra Libre, de Carranza y Córdoba, llevó en primera instancia al procesamiento por homicidio culposo de la Directora de Niñez, Sra. María Orsenigo (ex presidente del Consejo Nacional durante la frustrada gestión del renunciante De la Rua) y de la Dra. Cánepa, justamente por no haber tomado las precauciones necesarias para evitar el riesgo. Tenía el Municipio, además, sobrados avisos respecto de la situación irregular de los “boliches” y hasta anunciado el “show de bengalas” del lugar en cuestión. 2.- Las responsabilidades penales, que deberán discernir el Sr. Fiscal y la Sra. Jueza de la causa, con el precedente de Piedra Libre y sin admitir las maniobras tendientes a arrojar “chivos expiatorios”. Ni niños de cinco años, ni muertos, deben resultar los aquí responsables. De lo contrario, la sensación de impunidad seguirá siendo el caldo de cultivo de todos los males en Argentina. 3.- Las responsabilidades civiles, o sea la reparación patrimonial de todo el inmenso daño causado. Reparación que debe ser integral y rápida, a riesgo de no ser justa en caso contrario. Será fácil para los políticos municipales, hacer pesar los montos de las indemnizaciones sobre los vecinos, por la vía de aumentos de tasas y contribuciones, quizás un nuevo “revalúo”. Habrá que estar atentos a esta artimaña, que terminaría volcando el daño sobre toda la comunidad, y logrando que los reales responsables que sonrían sarcásticamente, frotando sus manos ávidas de dinero. Porque detrás de todas estas muertes hay dinero. Es el afán de lucro el que llevó a ahorrar en materiales y equipos. Es la expectativa de ganancia la que mueve a hacinar miles de personas por encima de la capacidad autorizada. Es la magnitud del “negocio” lo que lleva a que se obtenga impunidad, corrompiendo los sectores d de inspección -como reconoció hace un año la misma autoridad de aplicación al disolver la Dirección especifica- o directamente “contribuyendo” a las campañas políticas, para siempre tener “palenque ande ir a rascarse” y asegurar así la lenidad en el control de esas actividades mercantiles. Es dinero de muerte, precio de la vida de los chicos inmolados, el que ha corrido por las manos de los verdaderos responsables. Ese crimen no puede quedar impune. Las tres responsabilidades deben ser exigidas hasta el fin. Escribe Atilio Álvarez. Muchas gracias Diario Judicial. www.chicosperdidos.org.ar falcionelli@chicosperdidos.org.ar