El funcionario admitió que “el fuero Contencioso está colapsado” ya que tiene cerca de 40 mil causas todos los años, y que se necesitan nuevos espacios para albergar los distintos juzgados. "El edificio de Avenida de Mayo no cubre las necesidades. Por eso se están reactivando la temática de los nuevos edificios: se está trabajando en la ampliación de edificio de la calle Beruti y se está terminando un edificio en la calle Tacuarí que se estaría habilitando el año entrante”, dijo. Sin embargo, Rosenfeld advirtió que “se han ampliado los recursos humanos” en ambos fueros.
Respecto al personal que trabaja en el Consejo porteño, Rosenfeld volvió a reconocer, como lo había hecho tiempo atrás en la Legislatura, que “es posible” que haya un exceso de personal. “En algunos sectores puede estar sobredimensionado y en otros falta personal”, dijo. "Por ello hemos firmado un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que venga una comisión e intente una reestructuración”, agregó.
Según un reciente comunicado del Colegio de Magistrados de la Ciudad, el Consejo está “sobredimensionado” y “burocratizado” ya que hay casi 500 funcionarios y empleados. Rosenfeld explicó que el aumento de empleados a la planta permanente se debe a que “muchas áreas, que en el año 2002 estaban tercerizadas, cuando ingresa este Consejo, en diciembre de 2002, se decidió que formen parte del Consejo”.
A lo largo de las reuniones que se llevaron a cabo en la Legislatura durante el mes de noviembre, en las cuales los consejeros intentaron explicar los motivos del aumento del presupuesto para 2005, uno de los cuestionamientos centrales de varios legisladores fue el sueldo de los consejeros. De hecho, hace pocos días, un juez porteño ordenó a los consejeros bajarse los sueldos y cobrar lo mismo que los diputados de la Ciudad. Al respecto, Rosenfeld destacó que “los sueldos ha sido dictaminados por la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que estaban bien liquidados, y que se sugería una nueva ley porque en su oportunidad la norma planteó ciertas dudas”. En este dictamen, de hace unos veinte días, se sugería también que, a partir de ahora, no se liquidaran los adicionales hasta tanto la Legislatura dicte una nueva ley. De esta manera, los consejeros seguirán cobrando, por el momento, lo que determinó la Justicia. Resta aún que el tema se defina en la Legislatura y en el ámbito de la Justicia, ya que la rebaja fue impuesta por una medida cautelar.
Con respecto al juicio político que se está llevando adelante en la Legislatura contra Rosenfeld y cinco consejeros más, el presidente del Consejo fue muy cauto a la hora de evaluar las causas y los motivos del mismo. "La Legislatura es un poder independiente y no puedo calificar procedimientos en trámite”, dijo. No obstante, Rosenfeld destacó que “todavía no hay imputaciones concretas” y que "a partir de enero, viene la Auditoría externa de la Cuidad de Buenos Aires para hacer una auditoria del 2003 y 2004, acá en el Consejo”. Los seis consejeros que están siendo investigados por mal desempeño son María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, María Celia Marsilli, Bettina Castorino, Juan De Stéfano y Carlos Rosenfeld. Quedaron afuera los tres representantes de los jueces.