La visita que duró dos días contó con la presencia de los delegados de la CIDH, Florentín Meléndez de El Salvador, Santiago Cantón de Argentina y Elizabeth Abi-Mershed de Estados Unidos, quienes han venido con la misión de constatar si las medidas provisionales ordenadas por este organismo, están siendo cumplidas.
Meléndez, explicó en declaraciones a la prensa que el objetivo de la visita es “verificar“ si se están tomando medidas inmediatas para “impedir” que se produzcan más muertes en los centros penitenciarios del país, especialmente en Mendoza. Eso es lo fundamental, porque son personas que “están a cargo del Estado” y “el Estado tiene que protegerlas”.
Durante su recorrida por los pabellones 1, 7, 10 y 12 de la antedicha penitenciaría, la delegación recogió un sinnúmero de denuncias hechas por los presos que van desde las condiciones inaceptables de tratamiento judicial y demora en los beneficios, como también la existencia de menores adultos en sitios que no corresponden o adultos mayores que deberían gozar de algunos beneficios de excarcelación, etc. lo que, según entiende la delegación, constituye un ”abandono de la justicia”.< p> Asimismo, el relator de la delegación, Florentín Meléndez aseveró que las medidas tomadas por la Argentina hasta el momento “no son idóneas ni suficientes”, agregando que las condiciones infrahumanas de vida vulneran los compromisos internacionales adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos.
Para sorpresa del gobierno provincial, la Comisión no puso énfasis en la falta de un nuevo penal sino en el alto nivel de ociosidad de los internos. Los visitantes se asombraron de la carencia absoluta de actividades recreativas y laborales indispensables para la rehabilitación, que consideran la función principal de cualquier sistema de reclusión y de cualquier política penitenciaria.
Por otra parte, la delegación no recibió respuestas del Gobierno, ni ningún tipo de propuesta para mejorar la situación, a excepción de un documento de 19 puntos presentado por el director de la penitenciaría, Sergio Miranda, una hora antes de que Meléndez leyera las conclusiones de la visita. La CIDH recibió con entusiasmo algunas de esas propuestas y entendió en el gesto un cambio de actitud de las autoridades.
En pocos días el Gobierno Nacional deberá elevar un nuevo informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las medidas que ha tomado para evitar más muertes en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Casi al mismo tiempo la Corte recibirá las conclusiones de la visita “in loco” que hicieron Meléndez y su comitiva. Al respecto la Argentina ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello está legalmente comprometida a observar y respetar los derechos protegidos en la Convención.