Al proponer el debate, Szmukler efectuó asimismo observaciones al proyecto de reglamento, entendiendo que la Comisión auxiliar permanente de Reglamentación y Reforma Judicial excedió la finalidad original para la cual fue iniciado el expediente, es decir, la reglamentación para el ámbito del Poder Judicial de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
Entre los que concurrieron, se destacó la presencia de Juan Antonio Travieso, Director Nacional de Protección de Datos Personales; Héctor Chayer, director de Fores, Maria Julia Pérez Tort, Directora del Area de Justicia de Poder Ciudadano; y representantes de la Cancillería. Según testigos de la reunión, el desacuerdo de las organizaciones presentes respecto de las propuestas del proyecto fue unánime. Las principales críticas estuvieron dirigidas a la pretensión de excluir los registros judiciales de la órbita del organismo de control que existe actualmente en el ámbito del Ministerio de Justicia; y por considerar como “reservada” información tal como declaraciones juradas patrimoniales, entre otras.
A lo largo del debate, también se marcaron las implicancias que podría tener a nivel internacional la calificación de Argentina como país que protege adecuadamente sus datos. En eso se basó la exposición del asesor legal de la Cancillería presente en la reunión. El funcionario destacó que “la tendencia es a abrir la información en todo el mundo”.
La ONG Fores – Foro de Estudios sobre la administración de justicia – remarcó que el reglamento propuesto “debe enunciar que todo aquello que no está específicamente restringido por la ley es público y que se debe cambiar la cultura del secreto en los funcionarios”. Luego de la reunión, Héctor Chayer, director de Fores, expresó que "debe determinarse la necesidad de publicación de información básica por Internet y hacerse hincapié en la obligación de difundir la información operativa con el fin de facilitar el acceso a la justicia". "Resulta crucial brindar orientaciones para la administración de las bases de datos del Poder Judicial para limitar, entre otras cosas, la profundidad de las búsquedas. Hay que partir de la base de que todo aquello que no está específicamente restringido por la ley es público", agregó Chayer. De hecho, la ONG que preside acaba de presentar una extensa investigación encomendada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) para estudiar la situación en la Argentina respecto del acceso a la información judicial.
Las conclusiones de ese trabajo destacaron que en el Poder Judicial falta capacitación institucional para saber brindar información al ciudadano, y que existe un gran desorden de los datos judiciales. También muestra lo imprescindible de un mejoramiento de la infraestructura del Poder Judicial para atender bien al ciudadano y que no hay un marco normativo ni una política de acceso consensuado a la hora de discernir cuál es la información exacta que debe brindarse en todos los niveles de la justicia argentina.