El Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires aprobó la nueva operatoria de Préstamos Solidarios de Iniciación de Carrera. Este beneficio estará destinado a los afiliados activos que no hayan sido o sean beneficiarios de alguna operatoria de crédito anterior, con una antigüedad de hasta cinco años en la matrícula, y no más de 7 años desde la fecha de expedición del título, que se encuentren al día con las obligaciones de la Caja y con el pago de la matrícula correspondiente a su colegio departamental. Los montos que se podrán retirar rondaran entre los 1000 pesos y los 3000, con una suma intermedia de 2000, los cuales se podrán devolver en hasta 12 cuotas para el de menor monto y hasta 36 para el mayor. Las cuotas a abonar serán mensuales y consecutivas con aplicación del 70% de la tasa de interés variable promedio mensual que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires sobre operaciones de crédito (cartera general) tomándose la del mes inmediato anterior a la cuota a abonar, liquidándose sobre saldos conforme el sistema francés.
Denuncia contra Kirchner
El presidente Néstor Kirchner y la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, fueron denunciados por presunto "enriquecimiento ilícito" por el abogado Juan Carlos Iglesias. En la denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Juan José Galeano, el abogado consignó un listado de propiedades y depósitos bancarios del matrimonio que, según dice, no podrían justificar. La presentación también apunta a los fondos de la provincia de Santa Cruz depositados en el exterior y una supuesta operación de envío de dinero a Cuba en 1994. Iglesias sugirió que los fondos santacruceños podrían ser "propiedad privada del matrimonio Kirchner y que se encuentren a nombre de un particular o de una sociedad de las utilizadas para este tipo de maniobras". Entre los bienes que el denunciante adjudica al matrimonio presidencial figuran un departamento de 392 metros cuadrados en la zona norte de Buenos Aires, una casa en El Calafate de 520 metros cuadrados, un terreno en la misma ciudad por 2.100 metros cuadrados, un plazo fijo por 4.387.874 dólares y ocho plazos fijos por 1.535.831 pesos.
Nuevo juez
La Legislatura porteña aprobó anoche en sesión especial el ingreso de Luis Francisco Lozano al Tribunal Superior de Justicia, la máxima instancia judicial local. Los legisladores decidieron por 42 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, dar acuerdo a la incorporación del jurista al máximo tribunal. Lozano fue propuesto por el Poder Ejecutivo y sorteó la realización de la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo ante más de 120 personas y en la que no se presentaron impugnaciones. Según confirmaron fuentes del Tribunal, el juramento de Lozano se realizará en el mes de agosto, luego de la feria judicial. Lozano ingresará al Tribunal en reemplazo de Guillermo Muñoz, fallecido hace más de un año. El flamante Juez del Tribunal Superior fue, entre otras cosas, funcionario de la Administración Nacional de Aduanas; secretario letrado de la Procuración General de la Nación; director general de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales; secretario de Trabajo de la Nación; conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; miembro del Consejo de Vigilancia de Celulosa Argentina SA y síndico suplente de Aguas Argentinas.
Rechazan ADN
La juez en lo Contencioso Administrativo, Fabiana Schafrikde, rechazó un pedido de ADN para establecer la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel. El pedido había sido formulado por el Centro de Estudios Gardelianos de Buenos Aires que buscó despejar la duda sobre el origen uruguayo del cantante mediante una acción de amparo, por supuesta omisión oficial en la defensa del patrimonio, al considerar que éste "se halla en juego cuando se pone en duda su origen genético, cultural e histórico". El fallo sostiene que tanto en el juicio sucesorio incoado en Uruguay como en Argentina, se ha resuelto que la única heredera fue su madre, la señora Berta Gardes ya que luego de su muerte y cuando se inicia dicho juicio sucesorio, la justicia argentina pide al municipio de Toulouse (Francia) una constancia de ese nacimiento y la consigue. Lo mismo constata la justicia uruguaya, algo que olvidan quienes sostienen que nació en Tacuarembó (Uruguay). Y en sus consideraciones la jueza Schafrikde dijo que cuando la cuestión supuestamente atacada ya ha sido resuelta en sede judicial no hay controversia judicial posible.
Denuncia por discriminación
La juez federal María Servini de Cubría denunció por presunta discriminación al jefe del Regimiento de Patricios, coronel Carlos María Marturet, quien habría prohibido invitar a la magistrada a una fiesta de casamiento que iba a celebrarse en el cuartel de la repartición, en el barrio porteño de Palermo. La Fiscalía se expedirá en los próximas días acerca de si promueve la acción penal contra Marturet y requiere medidas de prueba al juez federal Juan José Galeano, en quien recayó el curioso caso. Servini denunció que Marturet rehusó alquilar el salón de fiestas del regimiento a una empleada de la Secretaria Electoral que pretendía festejar allí su boda. Según la denuncia, el militar se negó al alquiler porque entre sus invitadas la novia incluyó a la magistrada. Según se pudo saber, en medio de la negociación, el Regimiento solicitó a la novia un listado de invitados para ejercer el derecho de admisión. Y al advertir que Servini figuraba en la nómina, puso fin a las tratativas. En dialogo con la prensa, Servini cuestionó la decisión del coronel de "pedir a la novia que aportara los números de documentos de los novios y de todos los invitados" y consideró que "un coronel del Ejército tiene que tener cierto criterio y cierta inteligencia para saber quién puede entrar a un regimiento". Además recordó que mantiene trato desde 1996 con las autoridades del Regimiento de Patricios, a quienes "les alquilamos un galpón del cuartel para guardar las urnas y por eso ellos cobran unos 5 mil pesos mensuales".
Publicidad suspendida
El organismo regulador de la publicidad en Brasil ordenó suspender una campaña de un fabricante de refrescos en la que se insinúa que la multinacional Coca Cola usa hoja de coca para fabricar su bebida. El Consejo Nacional de Auto Reglamentación Publicitaria atendió una petición de la propia Coca Cola y obligó al fabricante Dolly, una pequeña productora regional de bebidas, a retirar las vallas publicitarias que había instalado en Sao Paulo. La multinacional sostuvo que la campaña que cuestiona la calidad de sus productos carece de fundamentos y que los ingredientes de su bebida son autorizados por los órganos oficiales responsables por el control de alimentos y bebidas en Brasil, Estados Unidos y Europa. Dolly, que también acusa a Coca Cola de competencia desleal, dice que hasta ahora ningún laboratorio oficial brasileño ha investigado la veracidad de sus acusaciones.
Opinión consultiva
El próximo 9 de julio, la Corte Internacional de Justicia emitirá su dictamen consultivo –no vinculante- sobre las consecuencias legales de la construcción del muro de Cisjordania, que separa el territorio palestino del israelí. La sesión pública tendrá lugar en el Palacio de Paz de La Haya, y en las audiencias de deliberaciones sobre las consecuencias legales de la construcción del muro intervinieron Sudán, la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica, que rechazaron la idea de que esa barrera se erija como medida de auto-defensa. El Estado de Israel considera a la barrera como un medio de defensa contra atentados extremistas pero el pueblo palestino la condena como una apropiación de territorio que ellos quieren para un futuro Estado palestino.