La denuncia fue formulada por el abogado Eduardo Barcesat quien amplió así una denuncia que meses atrás había presentado ante el juez federal Sergio Torres.
En aquella presentación fueron imputados Duhalde y otros funcionarios de su gobierno por haber realizado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin intervención previa del Parlamento.
La presentación obedece a las informaciones coincidentes según las cuales el gobierno ordenó la emisión de tres millones de pesos para adquirir dólares a fin de mantener el valor de la divisa norteamericana, en baja en las últimas semanas, y de ese modo incrementar las reservas para atender el pago de interés de la deuda.
Según señaló Barcesat “en ningún momento se menciona la intervención del Congreso de la Nación" en esa decisión "ni que la iniciativa de imprimir moneda se haya gestado en alguna de las Cámaras del Poder Legislativo".
Para el letrado, esa omisión constituye delito porque "la emisión de moneda y la fijación de su valor es una potestad que la Constitución Nacional difiere en cabeza del Congreso al igual que lo relacionado con el arreglo y pago de la deuda externa".
Según entendió, el gobierno "No se propone emitir moneda para restaurar daños materiales provocados por la inundación sino para proseguir de rodillas atendiendo a las exigencias de un poder económico central, hegemónico y también despiadado".
La presentación endilga a los imputados los supuestos delitos de "violación de los deberes de funcionario público y usurpación de autoridad".