En una resolución de aproximadamente doce carillas, el juez resolvió “hacer saber al Partido Justicialista, Orden Nacional, que deberá arbitrar los medios necesarios tendientes a llevar a cabo la elección interna partidaria, para la selección de candidatos que representarán al partido en los comicios del 27 de abril de 2003, conforme los plazos que rige la ley 25.684 y el Código Electoral Nacional”.
Sin embargo, el magistrado advirtió que es “deber” del Partido la realización de internas tal como lo había establecido el último Congreso de Obras Sanitarias, “mientras continúe vigente la fecha establecida” para la realización de esos comicios, dejando así abierta la posibilidad que un nuevo congreso del PJ disponga, por ejemplo, el sistema de “neolemas”.
Asimismo, rechazó las pretensión del dirigente Luis Giacosa de fijar con certeza la fecha de las internas, por entender que se trata de una decisión política que “no corresponde” resolver a ese tribunal.
El magistrado se pronunció en consonancia con un dictamen que horas antes le había remitido el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, en el que admite también la posibilidad que el Congreso partidario modifique esa decisión. Di Lello, a diferencia de Oyarbide, dictaminó que deben realizarse elecciones internas en el Justicialismo a mas tardar en la última quincena de febrero y con vistas a los comicios presidenciales del 27 de abril.
Oyarbide entendió que es la obligación del PJ “llevar adelante todos los actos tendientes a concretar” la realización de las internas “tal como lo ha venido haciendo, para cumplir así con la voluntad de sus afiliados de realizar elecciones” tal como quedó plasmado en el último Congreso realizado el 5 de noviembre.
Con posterioridad a esa fecha la Junta Electoral suspendió las internas que habían sido fijadas, en principio para el 19 de enero y luego postergadas para el 23 de febrero.
El magistrado puntualizó que “la decisión de convocar a comicios internos en una entidad política, y la fijación de la correspondiente fecha de elección, son cuestiones de naturaleza política que se encuentran comprendidas dentro del estricto ámbito de reserva partidario y son, por lo tanto, ajenas al control jurisdiccional”.
Oyarbide rechazó de ese modo el reclamo del apoderado de la lista Menem-Romero, quien con una solicitud de acción declarativa de certeza, dio inicio a la acción judicial. En tal sentido, el juez enfatizó que “la pretendida homologación judicial de la fecha de elecciones internas del Partido Justicialista, resulta improcedente por exceder el marco de atribuciones de este tribunal”.
“No corresponde a este Tribunal, sustituir a los órganos partidarios en las atribuciones que les son propias, ni decidir respecto de cuestiones que hacen a la vida interna de la entidad en ausencia de perjuicio debidamente acreditad ,menos aún, cuando no se verifica en la especie la vulneración de derechos establecidos en la carta orgánica partidaria, al comprobarse la existencia de un proceso electoral en curso”.