El viceconsejero de la Junta de Andalucía, Ignacio Moreno, explicó que los juristas de la administración estiman que hay elementos "suficientes y sólidos" para demandar a las tabacaleras e insistió en que "quien hace el daño, paga".
En un comunicado difundido ayer, la Asociación Empresarial del Tabaco (AET) rechazó reunirse con responsables de la Consejería de Salud de Andalucía, en el sur de la península ibérica, para llegar a un acuerdo fuera del ámbito tribunalicio.
Los gastos generados por las patologías derivadas del hábito de fumar ascenderían según cálculos oficiales en Andalucía al equivalente de 315 millones de pesos anuales, de los que 173 mil se gastan en asistencia hospitalaria y el resto, en extrahospitalaria.
El Gobierno de Andalucía había enviado una carta a los empresarios de la industria en la que los invitaban a negociar y a llegar a un acuerdo para que se hicieron cargo de parte del gasto sanitario que genera el consumo de tabaco en la región. La Junta ha realizado estudios jurídicos, epidemiológicos, clínicos y económicos que sus voceros consideran "fiables" y que avalan sus tesis.