Voceros del Máximo Tribunal informaron que los ministros tomaron la decisión con el voto de seis de los ministros y de ese modo aprobaron la designación de dos conjueces que serán sorteados por la Secretaría del tribunal entre los presidentes de las Cámaras federales de Capital y de aquéllas con asiento en las provincias.
Los dos conjueces que resulten elegidos tendrán la función de tomar los lugares que dejaron vacantes los ministros Gustavo Bossert y Enrique Petracchi quienes no votan en cuestiones del corralito por tener dinero atrapado en los bancos.
La decisión del caso Acerbo, como se conoce a la causa del ahorrista de Chubut, genera variadas especulaciones, ya que un fallo a favor del ahorrista podría interpretarse como un pronunciamiento en contra de la pesificación en general, lo que pondría al Ejecutivo Nacional en una posición más que delicada.
Pero no hay que olvidarse que la Corte podría evitar pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pesificación en el caso Acerbo, porque se trata de resolver a favor o en contra de una medida cautelar. Además, la Corte, aún en el caso de pronunciarse por la constitucionalidad o no, podría elaborar el fallo de manera tal que pueda pensarse que en otros casos podría llegar a fallar distinto, ciñéndose a “las particularidades del caso en estudio”.
Por su parte, es un muy escueto comunicado de prensa de apenas dos líneas y sin membrete, la Corte Suprema informó que la designación de conjueces "se extenderá a todas las causas que así lo requieran" pero aclararon que cada expediente tendrá diferentes jueces sustitutos.
La idea de sumar los dos nuevos jueces tiene como fin que se consigan los cinco votos que son necesarios para obtener la mayoría y de ese modo poder expedirse en el tema ya que hasta el momento los que se manifestaron a favor fueron Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Guillermo López.
Los reemplazantes naturales de los ministros de la Corte son los presidentes de las cámaras federales de todos los fueros del país. El sistema de reemplazos está previsto en el decreto-ley 1285, denominado de Organización de los Tribunales Nacionales, publicado en el Boletín Oficial del 7 de febrero de 1958 y ratificado por la ley 14.467.
En su artículo 22, la norma establece que "en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo Federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales”.
Garré separa la paja del trigo
Por su parte, la diputada frepasista Nilda Garré expresó la “consternación” del sector que impulsa el juicio político de la Corte Suprema de Justicia por el actual “escenario institucional”, en el cual miembros del tribunal quieren ejercer “el gobierno de los jueces” mediante el dictado de fallos o la amenaza de hacerlo, mientras el gobierno nacional “se muestra dispuesto a negociar” la “impunidad” con tres o cuatro de los altos magistrados.
Garré, quien firmó el dictamen de la mayoría de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, se pronunció así en un documento que hizo público en el seno de la comisión, y en el cual hizo distinciones respecto de cada uno de los miembros de la Corte acusados y en ese sentido reconoció que “los doctores Enrique Pertracchi y Gustavo Bossert no incurren -al margen de algunas imputaciones que se analizan en el dictamen—en la causales previstas en la Constitución Nacional para la remoción de sus cargos”.
En cambio, la legisladora ratificó que a su entender Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Carlos Fayt y Augusto Belluscio, deben ser acusados por la Cámara de Diputados ante el Senado de la Nación al configurarse las causales de mal desempeño y probable comisión de ilícitos en el ejercicio de su función”.
Garré advirtió que la decisión de los bloques opositores de no dar quorum para que se trate en el recinto el Juicio Político a la Corte “no tiene origen en la falta de confianza en nuestras razones” ni pretenden “prolongar indefinidamente una situación de alta gravedad institucional”, pero si se niegan a que “una posición minoritaria de la Cámara de Diputados provoque la caducidad de la acusación, en el marco de una perversa coacción”.