La extensión de la denuncia a los responsables del Ministerio de Economía se debe a que la compañía de seguros no pagó una indemnización dispuesta por la justicia civil a la familia del pequeño de tres años Lucas Roger, quien murió atropellado en noviembre de 1998 en la localidad bonaerense de San Miguel.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Sergio Torres, enrostra al ministro los delitos de “asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa”, porque la compañía aseguradora no pagó un indemnización de 450.000 pesos ordenada por un fallo del juez en lo civil Claudio Ramos Feijó.
Según el abogado denunciante –conocido por promover casos que involucran a víctimas de accidentes de tránsito- la compañía no pagó la indemnización “efectuando una serie de maniobras a fin de evadir sus responsabilidades contractuales”.
El letrado explicó que al solicitar el embargo preventivo de la compañía al Banco Central “para nuestra sorpresa nos encontramos con que Lua La Porteña no trabaja más con cuentas bancarias, es decir que no tiene fondos en ninguna entidad”.
Según Dalbón, no es el único caso en el que está involucrado esta aseguradora que, sin embargo, “sigue operando”, a entender del abogado, con la complicidad de las autoridades del Ministerio de Economía que son –dijo el letrado- “socios de la impunidad” ya que las autoridades económicas “permiten dicho funcionamiento ilícito”.
En tanto, Dalbón reclamó la captura del director de la compañía aseguradora, Mario Cirigliano, por los presuntos delitos de “asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y estafa”.
El hecho que motivó la denuncia ocurrió el 21 de noviembre de 1998 en la bonaerense localidad de San Miguel, cuando un automóvil Ford Falcon guiado por Pablo Hernán Fernández, arrolló en la esquina de las calles Irigoyen y San Luis, al pequeño Lucas y a su hermanita Florencia (de siete años) provocando la muerte del niño y heridas de gravedad a la niña.
Por esos hechos Fernández fue condenado el 24 de febrero a tres años de prisión en suspenso y diez años de inhabilitación para conducir.
Tras la condena penal los padres de los menores iniciaron una causa por daños y perjuicios ante el juzgado civil dos, a cargo de Ramos Feijó, donde se demandó al conductor, a la propietaria del mismo (Estela Haydee Sueyro) y a la compañía aseguradora, que obtuvo un fallo favorable a los denunciante en agosto de este año.