Si bien estuvieron presentes los abogados Juan Mario Gersenobitz, Fermín Garrote y el diputado aliancista y presidente de esa comisión Pablo Fernández, no alcanzaban los números para votar la citación del magistrado ni siquiera con el sistema del “doble voto”. Es decir, hasta última hora de ayer se especulaba que la citación a Liporaci iba a salir con dos votos en contra de la convocatoria (Pichetto y Chaya) y dos a favor (Fernández y Garrote), teniendo en cuenta que Gersenobitz iba a excusarse por ser precisamente el denunciante de la causa por supuesto “enriquecimiento ilícito”. Por esta razón, Fernández hipotéticamente iba a aplicar el sistema del “doble voto”, que es una facultad que tiene el presidente de la Comisión para “desempatar” el resultado. Cabe recordar que de los siete integrantes de la Comisión de Acusación, sólo se reúnen cinco, descontando a Melchor Cruchaga quien dejó su cargo en el Consejo de la Magistratura para ocupar el de Secretario de Justicia de la Nación y el senador justicialista Augusto Alasino quien se excusó en la causa que se instruye contra el magistrado, para no ser juez y parte al mismo tiempo, en referencia a las actuaciones donde Liporaci investiga la denuncia por supuestos sobornos en el Senado.
El tratamiento del dictamen de Liporaci, según lo aseguraron fuentes allegadas al Consejo, se pospuso para el próximo jueves, pero nadie en la reunión de esta mañana se animó a asegurar que el dictamen va a ser “votado” a raíz de que hay varios temas en la agenda de la Comisión, entre ellos la citación de la diputada de la U.C.R Elisa Carrió, quien deberá comparecer por la causa que sigue ese cuerpo contra el juez federal de Mendoza Luis Leiva.
Sin embargo aún sin haberse logrado el quórum necesario, el abogado patrocinante de Liporaci, Héctor Jorge Rodríguez, presentó hoy ante el Consejo de la Magistratura un pedido de recusación de los consejeros Pablo Fernández y Fermín Garrote para que se excusen en el tratamiento de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y también de todas las que involucra al magistrado federal. También el letrado solicitó que se “tenga por peticionada en tiempo y forma la invalidez del dictamen presentado por los nombrados y puesto a consideración de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura el pasado martes 21 de noviembre del corriente, como así mismo que “se tenga presente la reserva de ocurrir por vía de recurso extraordinario federal, sin perjuicio de los derechos que me asisten en función de los pactos internacionales con rango constitucional”. En uno de los párrafos de esta presentación, el abogado de Liporaci pone de manifiesto que “Es responsabilidad de Fernández, compartida por Garrote en lo que hace al último dictamen que ambos suscriben en conjunto, la indebida publicidad dada al caso”. “Pero, a poco que se analice el caso en profundidad, podrá apreciarse que mi presentación espontánea en autos, realizada a las 8.30 un día martes, estuvo publicada en Internet (Diariojudicial.com) a las 14.00 horas del mismo día. “O sea no tuvieron los consejeros tiempo de leerla con detenimiento, cuando ya los medios contaban con una copia de la misma”. El letrado también hizo hincapié en “que la investigación y los trámites del expediente 282/00 se encontraran a cargo de toda la Comisión del pleno de la misma” , señalando que en una oportunidad, el presidente de la comisión “con fecha 16 de noviembre solicitó por oficio la compulsa de la causa judicial en trámite por ante el juzgado del juez federal Gabriel Cavallo, sin resolución fundada de la Comisión” “Dichas irregularidades ameritan la declaración de invalidez del dictamen presentado por los consejeros Garrote y Fernández, ya que el mismo se basa en la prueba irregularmente obtenida y cuya compulsa y análisis les fue vedado al resto de los miembros integrantes”.
Quien rápidamente salió al cruce de esta presentación fue el consejero Gersenobitz, que en una clara defensa de la libertad de informar sobre los actos de los poderes públicos, afirmó que “si nosotros no pudiéramos comunicar lo que sucede en el Consejo a la prensa, no se fortalecería el principio de transparencia”. En cuanto a las restantes objeciones de la defensa del magistrado, fuentes del Consejo aseguraron que es altamente probable que sean desestimadas. Quizás así sea, ya que las impugnaciones están presentadas en la etapa de recolección de pruebas y los consejeros “todavía no decidieron si sobre la base de ellas se lo acusará o no”.