De este modo, el tribunal se pronunció respecto de las apelaciones presentadas por cinco militares , a dos de los cuales se les dejó sin efecto los "arrestos procesales" impuestos por la cámara Federal de Bahía Blanca, y se les concedió un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, y en el mismo fallo que, según habían anticipado a Diariojudicial.com voceros del tribunal, pretende imponer límites al trámite de estas causas que se substancian en todo el país, la Casación rechazó la intervención de las Cámaras por "avocamiento" y dispuso que a partir de ahora sólo podrá regirse por lo establecido en el Código Procesal Penal, "en la medida que su aplicación no vulnere los derechos de raigambre constitucional".
En la misma resolución, los jueces Gustavo Hornos, Ana Capolupo de Durañona y Vedia y Amelia Berras de Vidal, rechazaron un "planteo de inhibitoria" que le había formulado la cámara de Bahía Blanca y también impusieron su jerarquía como tribunal superior al advertirle que "debe guardar el estilo debido en sus pronunciamientos".
Hace dos meses, la cámara de Casación recibió el expediente completo de la causa que sigue adelante el tribunal federal bonaerense, luego que la Corte Suprema de Justicia resolviera que era competencia del primer tribunal resolver en los incidentes planteados por los militares.
Los miembros de la llamada "sala militar" de la Casación no hicieron lugar a los recursos de queja planteados por los militares Julián Oscar Corres, Humberto Luis Fortunato Adalaberti y Jorge Aníbal Masson, por entender que “estos, pese a formular ese planteo declararon en la causa”. En cambio, se aceptó el planteo de la defensa de Santiago Cruciani y Armando Barrera, al dejar sin efecto los "arrestos procesales" dispuestos por Bahía Blanca, que en los hechos ya habían sido interrumpidos cuando la causa pasó a manos del tribunal de alzada.
Asimismo, la Cámara de Casación reclamó a la Corte Suprema que gestione la promulgación de "una legislación específica que permita al Congreso Nacional proveer las normas de aplicación adecuadas para asegurar la legitima custodia de los derechos en juego" para este tipo de juicios.
Diariojudicial.com publico esta semana un proyecto del diputado frepasista Ramón Torres Molina, con dictamen de comisión, que tiende a reglamentar la tramitación de los Juicios por la Verdad, en el marco de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros tratados que tienen raigambre constitucional a partir de 1994.
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