Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional vendió esos terrenos a la Sociedad Rural, calificándolos como "bienes privados del Estado". En consecuencia, lo hizo sin que el Congreso Nacional se lo autorizara mediante una Ley específica. Por esa razón, pensamos que esa venta debe ser considerada como nula y esos terrenos deben volver a ser propiedad del Estado.
Con ese criterio, la Asociación Amigos del Lago de Palermo inició una demanda contra el Estado Nacional, pidiendo precisamente que esa venta se declarase nula. Al respecto, existe un dictamen, de fecha 2 de mayo de este año, que hicieron sobre el tema el fiscal en lo Criminal de Instrucción José María Campagnoli y el secretario Ignacio Rodríguez Varela.
La Fiscalía, en vez de hacer un texto de un par de carillas, redactó un dictamen que tiene el tamaño de un libro (nada menos que 263 páginas) en el que califica esa venta como una operación delictiva.
Una mención especial merece el lenguaje del fiscal y el secretario, que es excepcionalmente duro. Define la Fiscalía a esa venta como: "Una serie de lamentables hechos delictivos que constituyeron un vergonzoso fraude cometido en perjuicio de la República que, en poco más de un lustro, se vio despojada de un histórico solar que a lo largo de siglo y medio nuestros gobernantes habían preservado en beneficio de las generaciones futuras, llegando incluso, la acreditada complicidad de asociados, empresarios y funcionarios infieles, a pretender con nuevos actos ilegales no sólo la consumación de la estafa sino también su perpetuidad intentando asegurar también, a cualquier costo y con total desprecio a los intereses públicos confiados, su futuro económico y buena salud financiera".
Los siguientes párrafos son otros ejemplos del alegato de la Fiscalía:
* "Aunque parezca demasiado burdo para haber sido real –dice el fiscal Campagnoli-, el Estado Nacional vendería vilmente el predio en 30 millones cómodamente financiados, poniendo como condición u obligación a cargo de la compradora la obtención de una rezonificación que, cuanto menos quintuplicaría el valor de los terrenos. Tal es la arbitrariedad de los parámetros fundamentales de la operación, que bien puede ser calificada de "cheque en blanco", compartiendo el mismo juicio que a la Asociación vecinal denunciante y esta Fiscalía le merecieran en su momento las no menos escandalosas operaciones vinculadas a los playones de las Barracas de Belgrano y a las siete hectáreas de Obras Sanitarias en la Avda Figueroa Alcorta."
* "Con la venta –agrega en otra parte-, el estado consumía de una vez y para siempre su patrimonio, mientras que el apego a la Constitución hubiese significado conservar un inmueble de valor incalculable, más todas las mejoras que la Sociedad Rural hubiera estado obligada a realizar sin Derecho a posteriores indemnizaciones, mas la percepción a lo largo de todo el período de concesión de aquel 10% de la recaudación que, según cálculos de la propia concesionaria, hubiese llevado a percibir, transcurridos los 35 años, un monto sensiblemente superior a la suma total del precio de venta, además del beneficio que a partir de allí le pudiera generar al Estado, para siempre, la explotación del predio ferial del Parque 3 de Febrero.
* (El terreno se vende en apenas 30 millones de pesos, a pesar de) "la tasación del predio, que a los fines de la contribución había sido fijada en noviembre de 1990 en 943.396.226,40 dólares"- concluye.
* “El terreno está zonificado en el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires como UP (Urbanización Parque, donde no se permite hacer actividades comerciales). Sin embargo, varios funcionarios afirman que se trata de un distrito E4 (Equipamiento Especial), donde esas actividades sí están permitidas. Esa respuesta le merece al fiscal el siguiente comentario: "¿Desde que distancia hay que mirar las siglas U.P. y E4 para confundirlas como algo idéntico?, hicimos la prueba y ello recién ocurre cuando a 50 metros, ambos símbolos se convierten en manchas de tinta que pueden pasar también por la palabra "Japón",o bien "Taipei" o "Miope" o, ya a unos cien metros, aún por la palabra "Caradura", "Ladrón" o "Corrupto".
* Con respecto al modo en que fue llevado el expediente, dice: "Pero la incalificable, por burda, infiel y despreciable, actuación de... no tenía al parecer límite alguno en su afán de terminar de una vez por todas con el asunto sin escatimar mentiras, adulteraciones y audaces dibujos administrativos."
* (Un grupo de Diputados de la Ciudad, integrantes del bloque... afirma que) "la información recibida hasta el momento por esta Legislatura indica que no se habrían cumplido los procedimientos constitucionales y legales exigidos para dar semejante destino a ese amplio predio zonificado como Urbanización Parque. Llama poderosamente la atención la forma en que dicha manifiesta limitación legal es sorteada en los dictámenes administrativos cuyas copias fueron enviadas a esta Legislatura".
* (Dice el fiscal que) "si para autorizar una obra se atiende a la zonificación de un predio frentista o lindero, en lugar de la que corresponde a su lugar de emplazamiento, no habría Urbanización Parques en la Ciudad, ya que toda plaza o parque es frentista o lindante con zonas residenciales o comerciales. Con el argumento de..., no habría obstáculo para la autorización de galerías comerciales en el Jardín Botánico, sobre la Avenida Santa Fe, ya que enfrente están permitidas las galerías comerciales".
* "Además del argumento de la "zonificación transitiva", los integrantes de aquel consejo de ilustres delincuentes adoptan otra fundamentación no menos ridícula con la que se aventuraron a afirmar que el gigantesco proyecto comercial no era sino un complemento del parque que allí debería existir de acuerdo a las normas vigentes. Sin embargo, por más que se esforzaran los consejeros, nos ha resultado imposible confundir un banco de plaza o un farol con un "Shopping Center".
* "Debería serle recordado a ... que los principios más elementales del Derecho enseñan que la mala fe y la complicidad delictiva no pueden generar jamás derechos a favor de nadie".
* "A los increíbles fundamentos de aquel proyecto, firmado por... y su ..., nos hemos de referir "in extenso" más adelante por lo que nos remitimos al análisis que allí realizaremos en torno a la expresión de motivos que calificamos de lisa y llana confesión de delitos".
* (El fiscal elogia el dictamen del Arq. Pechman, de la Defensoría del Pueblo y señala que lo incluye) "contando a fs. 260 con la expresa y vehemente adhesión del Defensor del Pueblo Adjunto Antonio Elio Brailovsky".
* "Dicho esto por la propia Sociedad Rural Argentina, nadie podría haber imaginado entonces que serían los mismos organismos municipales los que habrían de obviar aquella circunstancia imposible de desconocer de otra manera que no fuera mediante la comisión de delitos".
Me parece importante que se lea el texto completo, a fin de formarse una propia opinión. Estamos refiriendonos al espacio verde urbano más importante del país.
Finalmente, la Fiscalía pide que se tome declaración indagatoria a 58 personas involucradas en dicha venta, a la que califica como un delito. La nómina completa de personas a las que involucra con estos hechos está al final del dictamen y las razones por las cuales los asocia a determinados delitos están incluídas junto a cada nombre.
Los argumentos de la Fiscalía enriquecen y refuerzan mi punto de vista inicial sobre el fondo de la cuestión, en el sentido de que la venta es ilegal, no debió haberse efectuado nunca y ahora es necesario anularla. Se trata de un bien público del Estado, que fue tratado como si fuera un bien privado del Estado. Los terrenos ubicados en el Parque Tres de Febrero se vendieron sin que una ley especial autorizara la operación, lo que la hace nula. En consecuencia, esos terrenos deben volver al Estado.
También me queda claro que se han cometido delitos para beneficiar a la Sociedad Rural Argentina, a quien se vendió en 30 millones de pesos un terreno que legalmente no se podía vender y cuya valuación fiscal era de más de 900 millones de pesos.
Sin embargo, me resisto a pensar que todas las personas que facilitaron esta venta sean simples delincuentes y que hayan obrado con la única finalidad de enriquecerse a costa del Estado, cobrando algún soborno por su gestión. Creo, más bien, que han sido al mismo tiempo cómplices y víctimas de una concepción de la sociedad que asigna a los políticos el rol de desmantelar el Estado y regalar sus pedazos a los grandes grupos de poder económico. Al dejar de sentirse custodios del bien común, han aceptado todas las presiones de esos grupos económicos.
Al mismo tiempo un miedo constante sobrevuela la escena política. Hemos desmantelado el Estado. Hemos destruído su capacidad de gestión y de controlar las principales variables de la economía y ahora descubrimos que, por esa misma razón, estamos a merced de los grandes grupos económicos. Si no les damos todo lo que piden, ¿no ocurrirá algo horrible? Esos grupos empresarios, ¿no serán capaces de sabotear de tal modo la economía que el país se vuelva ingobernable y nos hundamos en el caos? De este modo, en algunos medios políticos se aceptan estas concesiones como un costo necesario para mantener la continuidad de la democracia.
Esto nos abre una amplia gama de problemas que sería bueno comenzar a discutir de un modo adulto. ¿Es ésta la sociedad y la política que queremos? ¿Tenemos que resignarnos a que la política sea sólo una forma de conformar a quienes tienen el poder real? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos nada más para darles? ¿Qué pasa cuando lo que esos grupos económicos nos piden implica cometer delitos? ¿Es obligatorio decirles siempre que sí?.
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Antonio Elio Brailovsky
Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires