En la primera de las causas, el juez Canicoba Corral ordenó archivar las presentaciones realizadas contra el ex ministro de Carlos Menem por considerar que "no existió delito alguno" imputable a Dromi. La denuncia contra Dromi había sido efectuada por Roberto Azzaretto, Luis Montes de Oca y Guillermo Laura, este último autor del "Proyecto 10", que proponía la construcción de 10 mil kilómetros de autopistas con el aumento de 10 centavos por litro de combustible.
Laura había acusado a Dromi de haber cometido irregularidades en el otorgamiento de los contratos viales, imputaciones que fueron rechazadas por el juez Canicoba Corral. En su resolución, el magistrado señaló que en la investigación no pudo "advertirse irregularidades en el proceso licitatorio, ni la comisión de ilícito alguno que pueda achacarse a los imputados".
El juez consideró que, del análisis de la documentación relativa a la licitación para el otorgamiento de los corredores viales, no se verificó la existencia de irregularidad ni la comisión de ningún ilícito que pudiera atribuirse a Dromi ni a Eduardo Baglietto, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y también denunciado por Laura. En la misma resolución, Canicoba Corral decidió remitir la causa a la Cámara del fuero para que se investigue si Laura incurrió a su vez en algún delito al denunciar a Dromi y Baglietto. Las denuncias de Laura contra Dromi fueron realizadas luego de que la Cámara de Diputados y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones rechazaran su propuesta de construcción de 10 mil kilómetros de autopistas. Por otra parte, Laura fue procesado -sin prisión preventiva- por "falso testimonio", y se le trabó embargo sobre sus bienes por 50 mil pesos, en el marco de otra causa que presentó contra Dromi y que lleva adelante el juez federal Carlos Liporaci. En este caso, Laura había denunciado que la Editorial Ciudad Argentina, propiedad de Dromi, había vendido libros a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, aunque no pudo probar sus dichos y el juez Liporaci determinó que esas ventas no existieron.