La presentación quedó radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría, y en ella se da cuenta de la actividad de la denominada Comisión Mixta de control de Operaciones Relacionadas con el Lavado de Dinero del Narcotráfico, creada por decreto presidencial 1849, del 17 de septiembre de 1999, con el objeto de estudiar los distintos métodos que se emplean para llevar a cabo las operaciones de lavado, a fin de impedirlas, y en el marco de las privatizaciones de empresas del Estado que por entonces se llevaban a cabo.
Entre los objetivos que planteaba el decreto de creación de la Comisión se mencionaba la "necesidad de adoptar medidas a fin de que las inversiones extranjeras que se hagan en nuestro país lo sean con fondos que tengan origen legítimo".
La presidencia de dicha comisión debía ejercerse en forma alternativa por los titulares del BCRA y el de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico.
Ese cargo fue delegado por Pou a Domper quien, según la denuncia, es el funcionario que tiene la "mayor responsabilidad de control y vigilancia en la prevención contra el lavado de dinero, ya sea en el Banco Central con el la Comisión Mixta".
A raíz de las declaraciones públicas de funcionarios locales (que incluye a Domper) y de la DEA norteamericana respecto de que en el país se lavan mas de 1.300. millones de dólares anuales, los legisladores pidieron que se investigue a los funcionarios del BCRA. por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y administración fraudulenta.
Entre otras medidas solicitadas, Rivas y Bravos solicitaron que se investigue "cuantas veces se reunió la Comisión Mixta" y "cuáles fueron los distintos métodos estudiados" por dicha comisión "y las propuestas hechas a las autoridades competentes" para evitar las maniobras de lavado.
También requirieron que se establezca "cuáles fueron las medidas adoptadas por la Comisión Mixta, para detectar el flujo de capitales integrados por narcodólares existentes en el mercado mundial que implicaban un riesgo no sólo para nuestro sistema bancario y financiero sino también para la seguridad de la Nación".
También requirieron saber "si el máximo funcionario responsable en prevenir el lavado de dinero procedió a denunciar ante las autoridades correspondientes la negativa de terceros países a suministrar información a la Justicia argentina bajo el amparo del secreto bancario y el anonimato de los inversores".
Por último reclamaron que se investigue "cuáles fueron las medidas adaptadas por la Comisión Mixta, para controlar que las operaciones realizadas en nuestro país no se conviertan en lavaderos de las divisas recaudadas por los carteles de narcotraficantes", en clara alusión a las maniobras detectadas por la justicia por las cuales se encuentra detenida y procesada la viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Victoria Henao Vallejos.