La integración de la Comisión de Reforma del Código Penal era heterogénea: desde los funcionarios como el ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de Justicia, Julián Álvarez y el secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos Zannini, hasta el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la nación, Eugenio Zaffaroni, pasando por Ricardo Gil Lavedra (UCR), el diputado Federico Pinedo (PRO) y María Elena Barbagelata (FAP).
La cantidad de espacios que participaron en la confección de este proyecto hacía suponer que se iba a generar un consenso más grande sobre una iniciativa que fue ampliamente solicitada por muchos legisladores que, en ocasiones, se habían negado a votar modificaciones al Código Penal por considerar que era necesario un cambio integral.
Pero las opiniones fueron en diferentes direcciones, y desde gente que pedía mayores cambios hasta los que solicitan “mano dura”, los bloques fueron tomando diversas posiciones que hasta han encontrado oposiciones que rozan lo ridículo: el PRO manifestó su falta de adhesión a la propuesta, cuando uno de sus integrantes se encargó de supervisar la elaboración del anteproyecto. La UCR se quiso desmarcar también del proyecto, y hasta el oficialismo afirmó que no había una confirmación sobre su tratamiento.
En este sentido, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la discusión sobre la reforma en el ámbito parlamentario “es una decisión de la presidente”, mientras que la diputada Juliana Di Tullio (FpV) afirmó que el proyecto “no tiene estado parlamentario, es sólo un borrador. No sé si se va a tratar en el Congreso este año, por ahora es lo que es, un borrador; lo demás es pura fantasía”.
En tanto, uno de los bloques que mayor repudio presentó fue el Frente Renovador (FR), desde donde rechazaron de plano la iniciativa y afirmaron que las penas se reducían, generando mayores garantías para los delincuentes.
La diputada Graciela Camaño (FR) consignó que la propuesta solo beneficiará a “grandes estudios de abogados sacapresos”. También defendió al titular del bloque, Sergio Massa, ante las acusaciones por sus declaraciones en este mismo sentido: “¿A quién le crees? ¿Al que defiende a los delincuentes con el verso del garantismo o al que bajó 80 por ciento el delito en Tigre?”.
Pero las posiciones más contradictorias partieron desde espacios como la Unión Cívica Radical, donde, por ejemplo, el senador Ernesto Sanz declaró que “no sirve de nada discutir un Código Penal aislado y pensar que eso solo va a resolver el tema de la inseguridad y por eso hemos pedido al Gobierno nacional que no envié el proyecto al Congreso ya que no están dadas las condiciones de un debate serio y profundo”.
“La inseguridad tiene múltiples causas y soluciones que, en conjunto, hoy en Argentina están faltando. Es un debate serio y profundo, donde tiene que haber un compromiso de todos los sectores que no veo que exista respecto al Código Penal”, precisó en declaraciones a medios radiales.
Mauricio Macri, líder político del PRO, afirmó que su bloque votará en contra de la reforma, aun cuando Federico Pinedo, uno de los diputados que se manifestará al respecto cuando se discuta en el pleno de la Cámara Baja, formó parte de la Comisión reformadora.
“Hay que debatir sin demagogias, sin populismos, fuera de un contexto electoral, sin oportunismos para tener un buen Código aggiornado”, señaló la semana pasada el jefe de Gobierno porteño, y agregó en este orden de ideas: “Manifestamos nuestras fuertes disidencias, de mayor a menor, pero que quede claro que ese código no lo íbamos a votar”.
dju
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