La Justicia hizo lugar a un habeas corpus interpuesto por la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y ordenó crear una ´mesa de trabajo interdisciplinaria´ para que se establezca cuál es el cupo adecuado para la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal.
La titular del Juzgado de Instrucción N° 8, Yamile Bernan, hizo lugar a un habeas corpus presentado por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) y ordenó medidas de salubridad para la Unidad 28 y la creación de una ´mesa de trabajo interdisciplinaria´.
Los representantes del ministerio público fiscal presentaron el habeas corpus ya que constataron que en la cárcel, que se encuentra ubicada en el Palacio de Tribunales, existen “circunstancias que importan ‘graves violaciones a los derechos humanos’”.
Asimismo, desde la procuración sostuvieron que en el caso de las personas detenidas en esa dependencia existe “falta de comunicación con abogados defensores y los juzgados donde tramitan sus causas”.
Según consigna la jueza, de acuerdo a informes y audiencias realizados en la causa, en la unidad “no existía tabla de gramajes para internos alojados como población penal debido a que esta unidad no debería poseer internos alojados”. Y destacó que la Unidad 28 “es un centro de tránsito y no de alojamiento permanente”.
Bernan, ordenó una serie de medidas de inmediato cumplimiento relativas a la higiene –como por ejemplo la desinfección de la unidad y su limpieza- y dispuso la conformación de una mesa de trabajo interdisciplinaria.
La misma estará integrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuvin, y el Servicio Penitenciario Federal, a los fines de establecer, a mediano plazo, el cupo adecuado de la Unidad 28. Ello desde una perspectiva que incluya el espacio físico, los medios de traslado y los recursos humanos disponibles.
La ´mesa de trabajo´ tendrá como objetivo “arribar a una solución integral en relación al cupo ‘adecuado o ideal’ de la Unidad 28”. Asimismo deberán informar cada dos meses de los avances y elevar el resultado de su gestión en un plazo no mayor a los seis meses.
Desde la Procuración Penitenciaria explicaron que desde hace años ese organismo “ha hecho reiteradas inspecciones a la Alcaidía Judicial y más recientemente ha remitido al Congreso de la Nación un proyecto de "Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”. La participación en la mesa de trabajo se inscribe en esas estrategias de trabajo institucional ya establecidas”, informaron.