En el predio ubicado en General Pacheco esta instalada la antena transmisora de la emisora y no formaba parte de la lista de inmuebles incluidos en la privatización de la compañía telefónica estatal, cuya intervención encabezó durante el primero gobierno de Carlos Menem.
La denuncia pide que se investigue un presunto "peculado" en concurso aparente con el delito de "estafa en perjuicio de la administración pública". El primero de los delitos contempla penas que van de los dos a los diez años de prisión. El 7 de noviembre de 1990, el segundo funcionario de la intervención, Guillermo Fox, firmó un "acta modificatoria" por la cual se habilitó el traspaso de los terrenos a la firma Telecom, sin contar con las "facultades para modificar los anexos".
Fox iba a ser indagado hoy pero la audiencia, en la que intervendrá el secretario Oscar Aguirre, fue postergada para pasado mañana.
En esta misma causa también será indagado el contador Francisco Abreu, quien formó parte de la comisión encargada de la venta de la ENTEL.
En 1989 el Poder Ejecutivo dispuso por decreto la privatización de ENTEL, para la cual se designó a Alsogaray y a Roberto Dromi. Por ese decreto se disponía la venta a dos empresas licenciatarias que se dividían en dos grandes Zonas: Norte y Sur.
Un año después y por la misma vía, el Ejecutivo ordenó la realización de un inventario de bienes muebles e inmuebles en materia de telecomunicaciones que debían transferirse a las empresas adjudicatarias de la privatización, Telecom y Telefónica de Argentina, y en el cual se exceptuaban los efectos vinculados con la radiodifusión.
Un día antes de la transferencia, según explicaron voceros cercanos a la causa a Diariojudicial.com, Fox labró una escritura "incluyendo el predio de General Pacheco" donde estaba instalada la antena de Radio Nacional, como perteneciente a ENTEL., acto que estaba expresamente prohibido por aquel decreto.
Un informe elaborado por la actual conducción de Radio Nacional señala que la medida adoptada por Fox "resultaba incompatible con su función".
Por otra parte, el informe consigna que "está probado que esos actos, más el acta de transferencia de noviembre de 1990 suscripta por la interventora de ENTEL, ingeniera Alsogaray, y el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, así como la escritura de los terrenos que se hizo cuatro años después, estarían viciados de nulidad".