31 de May de 2024
Edición 6978 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/06/2024
Estaba citado para este jueves

La Justicia ordenó suspender una investigación contra un juez mendocino

El juez Carlos Parellada hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al Consejo de la Magistratura que suspenda todas las causas contra el camarista federal Otilio Roque Romano, acusado de violaciones a los derechos humanos antes y durante la última dictadura. Luis Miret, otro juez investigado, presentó un descargo por escrito en el que pidió la desestimación de las denuncias en su contra.

 
En una decisión polémica, el juez federal ad-hoc Carlos Parellada le ordenó al Consejo de la Magistratura suspender el proceso de juicio político contra el camarista federal de Mendoza Otilio Roque Romano, acusado de violaciones a los derechos humanos antes y durante la última dictadura.

Romano estaba citado por la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo para formular su descargo este jueves, junto con su colega Luis Miret. Ambos fueron citados por el artículo 20 del reglamento, que les permite presentar un descargo por escrito, que fue la vía elegida por Miret.

Romano en cambio hizo llegar al Consejo una resolución de Parellada que hizo lugar a la “medida cautelar de no innovar (…)” y ordenó “la suspensión de los procedimientos” por las tres causas que afronta el magistrado ante el órgano que selecciona y acusa a los magistrados “hasta tanto recaiga sentencia definitiva”.

Parrellada se declaró “competente” para entender en una causa contra Romano que tramita ante su juzgado, y en consecuencia dispuso prohibirle al Consejo que siga adelante con el juicio político.

Miret, en tanto, presentó un descargo de 31 carillas ante el Consejo, al que accedió DiarioJudicial.com, en el que enfatizó que actuó “valiente e independientemente antes, durante y después del nefasto proceso militar” y pidió la desestimación de las denuncias en su contra.

El camarista sostuvo que en el año 1975 los jueces vivían “difíciles momentos” y enfatizó que los argentinos sufrían un “temor generalizado ante la guerra entre terroristas y represión”. También habló de la “crisis del gobierno de” María Estela Martínez de Perón y la “falta de información que teníamos quienes estábamos en el Poder Judicial Federal de Mendoza sobre qué estaba ocurriendo respecto de la lucha armada de la que la prensa informaba con auto-censura”.

Luego, en un giro maradoniano, Miret habló de sí mismo en tercera persona y aseguró que “lejos de ser conocer y cómplice de la represión y su metodología, Miret, defensor, con actuación de fiscal subrogante y luego juez subrogante era un asustado y enojado funcionario que no confiaba en la policía y sabía que no era funcionario afín o amigo para las fuerzas del orden”.

Asimismo, pidió que se “respete” su derecho de defensa y que se lea su descargo “sin preconceptos”. “Las confusiones que son tolerables si provienen de los parientes de las víctimas, no lo son si son emitidas por letrados”, dijo.

En la contestación de cargos, Miret se refirió a la primera acusación vinculada a la omisión de efectuar una denuncia penal por los delitos de acción públicas relatados ante él, como magistrado, por Eduardo Glogowsky, Ismael Calvo Gutiérrez y Blas Yanzón, detenidos junto a Hugo Tomini, Mario de la Cruz Cisterna, Raquel Miranda, Oscar Mochi, Luz Faingold, María Susana Lucero y Ricardo Dámico Fornes la noche del 28 de agosto de 1975.

Para ese caso, Miret entendió que “no hubo omisión sino una prudente postergación, lo que de ninguna manera puede ser calificado como falta ni como delito como hicieron los denunciantes”.

Sobre el caso de Luz Faingold, Miret negó que la joven le hubiera hecho saber que la habían violado durante el período que permaneció detenida en el D2. El jueves 1º de julio último, ante el Consejo de la Magistratura, la mamá de Faingold, Luz Casenave, dijo que al ser indagada por Miret, Luz era “un pajarito vencido, un ser arruinado, oprimido”. Es de entender que la joven no hubiera denunciado la violación.

Miret también se refirió a la presentación de Casenave ante el Consejo y sostuvo que ese testimonio era “nulo” porque violaba el art. 16 del reglamento.

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dju / dju
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