Los resultados de la investigación, que ha durado tres años y que ha quedado recogida en cerca de 40.000 folios, han sido ya enviados por el fiscal Sandro Rimondi al juez de instrucción para su examen.
El dinero presuntamente evadido correspondería a la diferencia entre el impuesto sobre los beneficios que se debería haber pagado, el 37 por ciento, y el que realmente se hizo efectivo, tan sólo un 10 por ciento, en el período entre los años 1987 y 1998.
En la operación habría jugado un papel fundamental la sociedad Intertaba, filial italiana de Philip Morris, cuyos directivos aparecen como responsables en la acusación, al igual que los de las filiales de la empresa tabaquera de EEUU en Bélgica y Alemania.
Entre los primeros que han denunciado estas fraudulentas actividades en Italia figura el general de la Guardia de Finanzas (policía fiscal), Luigi Mamone, ahora en la reserva, cuyas declaraciones a la prensa en el pasado mes de agosto señalaban la dimensión de este presunto delito.