Se trata de la denuncia realizada por el abogado Juan Manuel Salgado que lo acusó a Vignaroli por mal desempeño en una causa que investigaba al ex gobernador Jorge Sobisch, y en la que se demoró cuatro años en excusarse.
Sin embargo, el funcionario debe enfrentar aún otras denuncias, entre ellas la que semanas atrás interpuso la ONG Convocatoria Neuquina, solicitando el juicio político por once causales.
Esa organización lo acusa de haber sido designado en 2004 en forma irregular, y de no “haber investigado ni promovido la acción penal contra el ex gobernador Sobisch”. Es en relación a no haber dado la orden de intervenir a la Policía durante una manifestación de docentes, para permitir que éstos sean desalojados “violentamente” por un “grupo irregular”.
“El conjunto de casos que se destacan como motivos específicos de mal desempeño, revelan también la falta de independencia del funcionario, especialmente cuando se trata de investigar la comisión de delitos atribuidos a funcionarios públicos”, había recalcado la ONG en su presentación. “Esa falta de independencia, suficientemente acreditada, constituye una causal de inidoneidad y de mal desempeño, más cuando su función específica era y es ocuparse de los delitos que cometen los funcionarios públicos”.
Para la ONG, que ya ratificó la denuncia, “la misión de Vignaroli fue bloquear, desalentar y finiquitar las causas que preocupaban al Gobierno. Los hechos demuestran que cumplió eficazmente esa misión, aunque para hacerlo haya desnaturalizado el rol del fiscal en el proceso y contribuyera a extender el pesado manto de impunidad que cubre la criminalidad de los funcionarios públicos”.
Aseguran que el objetivo de su “irregular” designación, era “colocar en la dirección de la agencia fiscal que investigaba los abusos de poder, a un funcionario no independiente, con el objetivo de debilitar al Ministerio Público Fiscal y limitar el control y la investigación de estos delitos”.
El jury que deberá analizar las demás acusaciones contra el fiscal, está integrado por tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local, dos legisladores y dos abogados.