17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

Podrán desconectar a internautas sin necesidad de autorización judicial

La Unión Europea llegó a un acuerdo que permitirá a las autoridades de los países miembros desconectar de internet, sin autorización judicial, a los ciudadanos que se encuentren realizando descargas presuntamente ilegales. Curiosamente en octubre del año pasado el Parlamento Europeo se había proclamado en contra de una iniciativa similar.

 
Esta semana el Parlamento Europeo llegó a un acuerdo, junto con los representantes de gobiernos, con respecto a la posibilidad de permitir que los países miembros de la Unión Europea puedan cortar el servicio de internet de los ciudadanos que se encuentren realizando descarga de material protegido por derechos de autor.

El acuerdo tendrá que ser ratificado la semana próxima en la sesión plenaria que se llevará a cabo en el Parlamento Europeo del 4 al 7 de mayo en Bruselas. Con este acuerdo se llega al final de las negociaciones sobre las reformas del margo legislativo de las telecomunicaciones.

Las reformas incluyen una mayor coordinación en la normativa con respecto a las telecomunicaciones a lo largo de la UE mediante un nuevo órgano de supervisores.

Por ejemplo, se acordó, la creación de una agencia en la que colaborarán los reguladores nacionales de los mercados de telecomunicaciones (la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y sus homólogas europeas). También se concede a los reguladores de cada país poderes para trocear operadores dominantes (como Telefónica en España) si obstaculizan la libre competencia.

No obstante, y pese a que el acuerdo establece que Internet es una herramienta fundamental para la educación y el ejercicio práctico de la libertad de expresión y el acceso a la información se permitirá a los Estados miembros legislar para que una autoridad administrativa pueda ordenar la desconexión de un ciudadano sin necesidad de autorización judicial previa.

De forma contradictoria, el parlamento Europeo en octubre del año pasado había rechazado una ley que estipulaba Francia (ley Sarkozy), para conceder un poder policial a los operadores de telecomunicaciones. Argumentando, precisamente, que “no pueden restringir el acceso de los internautas ni los derechos fundamentales de los ciudadanos sin una autorización judicial previa”.

Sin embargo, el acuerdo incluye provisiones vinculantes que proclaman que las medidas que se tomen en relación con el acceso y el uso que los internautas hagan de las comunicaciones electrónicas, deben respetar derechos y libertades fundamentales como el derecho a la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información. Además, se aclara que en caso de sufrir el corte de conexión a Internet producto de una decisión administrativa, el damnificado podrá recurrir a la Justicia.



dju / dju
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