Solá Torino, actualmente integrante del Tribunal Oral Federal de Salta, optó por presentar un escrito de 13 hojas, en las cuales criticó duramente al juez Miguel Antonio Medina, quien le dictó el procesamiento.
“La cuestión se desata a partir de una comunicación que recibiera en mi carácter de juez de ejecución, proveniente de la Policía Federal, en agosto de 2007, preguntando si interesaba la detención de Miguel Farfán (imputado de narcotráfico), que se encontraba prófugo desde enero del año 2003. Ante la posibilidad que la pena estaría ya prescripta se contestó que no, levantándose la captura oportunamente ordenada”, según el escrito.
“En el mes de enero de 2008, el juez de ejecución de feria, recibe comunicación de un juez de Buenos Aires preguntando si estaba vigente la condena de Farfán; éste requerimiento no fue atendido por el juez de feria, ni se le impuso trámite al recibirlo. A mi reintegro en el primer día hábil, estaba el pedido de informe del juez de Buenos Aires, se compulsaron las constancias del expediente y al advertir que se había incurrido en un error voluntario…….dispuse reimplantar su captura y así se ofició”, agregó el magistrado en el escrito.
Solá Torino criticó al juez que lo procesó, Medina, porque –según el escrito- el procesamiento fue en base “a dos cuestiones subjetivas, basadas únicamente en su voluntarismo: al error involuntario de la emisión del oficio de levantamiento de captura de Farfán y su posterior rectificación y reimplementación de captura; como con la interpretación subjetivamente armada de desgravaciones de conversaciones telefónicas de absoluta ilegalidad; sin identidad y preservación probatoria”.
“Es evidente que el Dr. Medina no valoró correctamente la prueba del expediente, lo cual podría acarrear la nulidad del auto”, agregó.
El magistrado remarcó que las grabaciones telefónicas que “resultaron la columna vertebral” de su procesamiento, “fueron sorpresivamente incorporadas al expediente un año más tarde”, y a su vez que los imputados negaron haberle entregado dinero a él.
En la presentación, reconoció que “únicamente” mantuvo conversaciones con una narcotraficante llamada Graciela Ferreira, pero sólo “por cuestiones relacionadas al cumplimiento de su condena y al requerimiento de sus antecedentes”.
Sin embargo, el magistrado señaló que el entrecruzamiento de esas llamadas, “no implica conversaciones mantenidas, sino simplemente llamados efectuados”, y es por esa razón que consideró necesario pedir a la “División Operacional de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, especifique las fechas, duración y usuario receptor” de esas llamadas.
“Nunca, en oportunidad alguna, ya sea directamente de Miguel Farfán, o por interpósita persona, he recibido ofrecimiento o promesa, o cosa o dinero alguno, para que haga o deje de hacer algo propio de mis funciones de magistrado”, remarcó Solá Torino.
Además, sostuvo que durante su gestión como funcionario público, “siempre de la democracia, ya sea como Secretario de Gobierno y Justicia, Jefe de Policía o Ministro de Gobierno Interino de mi provincia, me he dedicado a promover y preservar el orden constitucional y el óptimo acceso a la Justicia”.
“Me pregunto entonces, si estuve siempre dispuesto a realizar en aras de optimizar la calidad de vida de mi comunidad, a que se debe este bochorno, preelaborado, perverso y falaz, dirigido a difamarme y a afectar moralmente a mi familia; ¿porqué se me quiere imponer una muerte civil?”.
Por último, Solá Torino ofreció una serie de medidas de prueba, entre ellas el análisis de las conversaciones entre su celular y el de los acusados, y pidió al presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina que se desestime la denuncia en su contra.