Lo determinó a través de la Acordada 10/2008, que establece “prorrogar las designaciones de todos los jueces subrogantes hasta que se produzca la entrada en vigencia del nuevo régimen de subrogaciones sancionado por el Congreso de la Nación.”
El Máximo Tribunal tomó la decisión considerando que el viernes 24 de mayo fenecía el plazo de un año otorgado en el fallo "Rosza" y de ocurrir tal situación, casi 200 juzgados quedarían vacantes. Esto permitirá que todos los jueces subrogantes continúen al frente de sus juzgados, hasta que entre en vigencia la recientemente aprobada normativa, que contempla la forma de designar a quienes reemplazarán.
También decidieron disponer que hasta tanto se instrumente el procedimiento de reemplazo previsto en la ley, serán de aplicación por las Cámaras Nacionales y Federales “las reglas establecidas por la Corte en las acordadas 16, 22 y 24, todas del 2007.”
Allí se establecieron “las reglas generales con respecto a los diversos lapsos de vigencia de las subrogaciones que venían cumpliendo abogados y funcionarios judiciales, el modo de reemplazarlos en caso de cesar y cómo debía procederse ante las situaciones de excepción que pudieran presentarse en la justicia federal del interior en los casos de licencias, o a raíz de excusaciones o recusaciones de los magistrados o de dichos subrogantes.” La resolución fue firmada por Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
Tras esa decisión, el sistema actual se mantiene hasta que entre en vigencia el nuevo régimen aprobado por el Congreso. El nuevo régimen, impulsado por el Gobierno, establece un sistema de designación de jueces que deja de lado la propuesta inicial de dar intervención al Consejo de la Magistratura para la conformación de las ternas.
La norma además extiende por un año en su cargo a los casi 190 jueces subrogantes actuales. Eso se mantendrá “hasta que se instrumente el procedimiento de reemplazo que se establece en la presente ley”.
El nuevo mecanismo determina que los jueces subrogantes de primera instancia nacionales y federales serán designados por su cámara entre tres opciones y en el siguiente orden: un magistrado de igual competencia de la misma jurisdicción, un magistrado de la jurisdicción más próxima, o de una lista de conjueces elaborada por el Poder Ejecutivo.
La lista del Gobierno se realizará cada tres años y estará integrada por abogados de la matrícula federal. El listado lo compondrán entre 10 y 20 letrados por cada Cámara Nacional o Federal. Esos conjueces tendrán acuerdo del Senado de la Nación.
Eso significa que participarán del proceso tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo pero se excluye al Judicial, porque el Consejo de la Magistratura no intervendrá en la selección. Esto derivó en fuertes críticas dado que cuando el Alto Tribunal declaró inconstitucional el sistema, manifestó que la elección de jueces transitorios “requiere la necesaria intervención” de los tres poderes del Estado.
La Vicepresidenta del Máximo Tribunal, la ministra Elena Highton de Nolasco, expresó su opinión sobre el tema en una reciente conferencia, afirmando que “el tránsito hacia el nuevo régimen debe ser lo menos traumático posible”. También reconoció que no debería haberse llegado a una situación de emergencia judicial que involucra a un 30 o 40 por ciento de jueces del país. “Ahora es necesario cubrir los cargos”.
La magistrada se sumó a quienes apoyaron la nueva normativa y manifestó que si bien “está previsto que el Consejo de la Magistratura seleccione a los jueces que ocupan cargos definitivos, sería muy largo y complicado seleccionar de la misma manera a los jueces subrogantes”.