La quema de los pastizales en el Delta del norte de la provincia de Buenos Aires ya puso en marcha la maquinaria judicial.
Así, la Fundación Para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) con status constitutivo en Las Naciones Unidas, presentó una denuncia penal contra la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti por "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Por otro lado, existen al menos 300 pedidos de indemnización de particulares que ya fueron presentados contra la Nación, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y/o productores privados.
El juez federal de Campana, Federico Faggionatto Marquez, ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de dos productores agropecuarios en el marco de la causa impulsada por la secretaria de medio ambiente, Romina Picolotti, el pasado 19 de abril. Antonio Pazzaglia, el tercero de los productores acusados, se encuentra prófugo.
Por su parte, el presidente de FUNAM, Raúl Montenegro, le informó a Diariojudicial.com que la denuncia contra Picolotti era “por el incumplimiento de los artículos 248 y 249 del Código Penal”. Se trata de los que establecen “la inhabilitación especial de un mes a un año para el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
La denuncia fue realizada ante la Justicia federal penal de Córdoba, en la fiscalía N°3 a cargo de Graciela López de Filoñuk, aunque sería remitida a la Ciudad de Buenos Aires.
La ONG demanda a la funcionaria por la tardía implementación del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Según el escrito de la denuncia, la medida fue ejecutada el 16 de abril, trece días después de que el titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Carlos Alberto Cheppi, detectara el primer foco de incendio, a través de imágenes satelitales.
Otros funcionarios de la Secretaría que también fueron denunciados son el jefe de gabinete de la cartera, Juan Picolotti, el subsecretario de Planificación y Políticas Ambientales, José M. Musmeci, el coordinador del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Sergio Rusak y los encargados de las áreas de Medio Ambiente de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.
La denuncia también acusa a particulares que habrían iniciado las llamas. Les imputa haber cometido el delito previsto en los artículos 186 y 189 del Código Penal que establece “hasta un año de prisión para quien por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos”
El presidente de la organización informó que “hay una segunda denuncia penal de un particular en la ciudad de Buenos Aires contra la funcionaria”.
A su vez, existen alrededor de 300 demandas contra la Nación, las provincias y particulares, que reclaman indemnización por daños a la salud y pérdidas económicas.
“La irresponsabilidad de quienes generaron el incendio y la falta de reacción de las autoridades” son los fundamentos sostenidos en los reclamos, según declaró el abogado Fernando Soto. Teniendo en cuenta un promedio de 50 mil pesos por juicio, esta acción ciudadana podría alcanzar los 15 millones de pesos.
El tema también trajo coletazos a nivel internacional porque el embajador de Uruguay, Francisco Bustillo, presentó este lunes en la Cancillería argentina un escrito en el que pide información sobre la quema para tomar medidas sanitarias al respecto. También advirtió que considerán la posibilidad de elevar la causa al Tribunal Internacional de la Haya.
El país vecino también se vio afectado por el humo, especialmente las ciudades de Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado. Varios jefes de departamentos uruguayos sostuvieron que Argentina es “peor que cinco papeleras juntas”, en obvia alusión al conflicto con Botnia.
dju / dju