El ex intendente de Escobar está imputado de colaborar en el encubrimiento del teniente coronel Jorge Granada, prófugo en la investigación sobre la desaparición de un grupo de militantes montoneros y con orden de captura.
Los integrantes de la cámara Horacio Cattani y Martin Irurzun ordenaron "avanzar hacia la celebración del juicio oral y público donde se defina la situación de Luis Patti". Quien llevará a cabo el proceso oral será el juez federal del Juzgado 7, actuando en esta oportunidad como tribunal unipersonal.
El delito de “encubrimiento” está contemplado por el artículo 277 inciso 1.A del Código Penal y la pena que estipula es de hasta tres años de prisión. Según reza la norma para quien "ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta".
Así, el fallo da por válidas todas las actuaciones realizadas en instrucción: la declaración indagatoria de Patti, el procesamiento sin prisión preventiva, su posterior confirmación, el requerimiento de elevación a juicio y el cierre del sumario.
Por otro lado y como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de habilitar al ex comisario para que ocupe su banca en la Cámara de Diputados, la diputada kirchnerista Victoria Donda Pérez presentó este miércoles un proyecto de ley. La iniciativa impulsa la “inhabilitación” para el ejercicio de la función pública para aquellas personas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Esto incluiría al ex intendente de Escobar, quien actualmente se encuentra detenido en Escobar con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
La diputada que presentó la ley nació en 1977 en la ESMA durante el cautiverio de sus padres. De aprobarse, quedarían inhabilitados todos los que hubieren cometido durante la dictadura "homicidio, privación ilegítima de la libertad, supresión, sustitución o falsificación de identidad, torturas y cualquier otro delito que por su entidad constituya graves violaciones a los derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad".
Otra de las repercusiones de la decisión del Máximo Tribunal fue el repudio expresado por la agrupación H.I.J.O.S. Rosario quienes representan alguna de las querellas en el juicio contra el ex comisario y que rechazaron la resolución. Ana Oberlin, abogada de la organización afirmó que la medida que tomó la Corte Suprema muestra el desconocimiento del Tribunal sobre el avance de la investigación sobre Patti a partir de que se le inicio juicio. La letrada sostuvo que desde aquel momento comenzaron a aparecer un importante número de testigos y más denuncias sobre algunas acciones que lo involucran durante la dictadura.
Mientras tanto, el oficialismo de la sala de Diputados se mantiene en contra de que Patti retorne a su banca. En cambio, el radical Oscar Aguad y el machista Federico Pinedo defendieron la decisión de la Corte Suprema haciendo énfasis en el respeto al “voto popular”.
La ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, aprovechó para aclarar que el fallo que lo habilita a Patti para que asuma como diputado, no obsta a que “los diputados podrían pedir su desafuero”.
Quien por supuesto prevee beneficiarse con el polémico fallo, es la defensa del ex comisario quien ya tiene pensado presentar un pedido de excarcelación ante la Justicia de San Martín para que el diputado electo sea finalmente liberado.
El ex intendetente está preso en el penal de Marcos Paz desde noviembre del año pasado. El juez federal, Alberto Suares Araujo, fue el responsable de su procesamiento y lo detuvo por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 en Escobar.