A través de un escrito que será presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Ministerio de Gobierno de Chaco aceptó realizar una “reparación integral” de una joven Toba que fue violada y cuyo caso quedó impune tras un proceso judicial en el que la víctima “ha sido discriminada por razón de género, por edad y por etnia”, según un dictamen del INADI.
La reparación se daría en el marco de una denuncia presentada por la joven, con el asesoramiento de dos ONGs, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El organismo internacional le corrió vista del caso al Gobierno nacional y este hizo lo propio al Gobierno chaqueño, cuya respuesta ya fue enviada a Cancillería allanándose al reclamo.
Según la respuesta cursada desde el Ministerio de Gobierno de la Provincia, el Estado local acepta las imputaciones realizadas, decidiendo resolver el tema en la instancia conciliatoria iniciada, proponiendo una reparación moral y material (indemnización) para la joven, además del compromiso de adoptar cambios en las formas de proceder antes estos casos para evitar la impunidad.
En el escrito, el Ministerio hizo una fuerte crítica al proceso judicial del caso y reconoció que la sentencia cuestionada “no fue razonada conclusión de un proceso penal conducido de conformidad al texto y espíritu del Código de rito”.
Así, Chaco terminó adhiriendo al dictamen que el INADI emitió a mediados de marzo, en el que el instituto había concluido que el fallo cuestionado en este caso “damnifica a L N P y a todas las niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y comunidades indígenas del Chaco, que han sido discriminadas (…) por su condición de niñas, mujeres y por su pertenencia a la etnia Qom”.
En primer término la Provincia propone el “allanamiento liso, llano e incondicional” y ofrece una “reparación integral a favor de L.N.P. y de sus familiares, que incluya una indemnización por los daños materiales, psicológicos y morales padecidos, lucro cesante, con más asistencia de diversa índole (becas de estudios, servicios médicos, psicológicos, entre otros)”.
En tanto que también, entre otros puntos, el Ministerio de Gobierno propuso instar a la Procuración General chaqueta para que implemente unidad especial de investigación, integrada por personal especializado con el objeto de dar apoyo técnico a los fiscales en casos donde se denuncien la comisión de Delitos contra la Integridad Sexual”.
Víctima dos veces
El caso de violación que hoy tiene una denuncia pendiente ante un comité de la ONU, se produjo el 3 de octubre de 2003, cuando L.N.P., de 15 años en ese entonces, fue abusada por tres personas en el El Impenetrable, en un pueblo ubicado a 400 kilómetros de Resistencia.
La denuncia del hecho fue realizada tras una protesta de comunidad aborigen frente a la subcomisaría local, que se negaba a tomarle declaración a la madre de la joven. Luego, el proceso se desarrolló envuelto en una serie de irregularidades y terminó con la absolución de los tres acusados por parte de la Cámara del Crimen Nº2, a pesar de que se comprobó el acceso carnal a la víctima.
El fallo no fue recurrido y a pesar de que se dieron a conocer fallas procesales, el Tribunal Superior se negó a reabrir la causa.
“El proceso fue denigratorio”, sostuvo el diputado Daniel San Cristóbal, que remarcó que se llegó a investigar a la víctima para ver si era prostituta.
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