Luego del resonante
fallo “Badaro”, a través del cual la Corte Suprema estableció la movilidad de las jubilaciones, más de un millón de personas quedaron en condiciones de reclamar el ajuste de sus haberes provisionales, lo que llevó a un sostenido aumento de litigiosidad en el fuero de la Seguridad Social. Por ello, desde allí hoy denuncian una situación de colapso y reclaman al Máximo Tribunal del país mayor personal para atender a los reclamos jubilatorios.
El pedido fue realizado por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que para paliar la situación le solicitó al Consejo de la Magistratura completar la planta de personal elevando a 23 la cantidad de agentes por juzgado.
El tribunal puso de manifiesto, en la nota enviada a la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, los factores que afectan a la Secretaría General y Mesa General de Entradas de la cámara y solicitó la contratación de 4 agentes con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de escribiente auxiliar y 2 agentes con categoría equivalente a la de ayudante.
Sin embargo, el Consejo entendió que el planteo efectuado excedía su competencia y remitió el pedido a la Corte Suprema, aunque al mismo tiempo el cuerpo dio a conocer su postura: acompañó el reclamo de Seguridad Social y pidió a la administración general del Poder Judicial de la Nación que se incorporen de manera efectiva a los próximos presupuestos del Poder Judicial de la Nación las partidas correspondientes para la generación de los cargos que permitan completar las plantas de personal del fuero en un total de 23 agentes por juzgado.
La elevación del pedido a la Corte, con la recomendación del Consejo, fue propuesta por Luis Bunge Campos y acompañada por todos sus pares, a excepción de los consejeros oficialistas. “Decirle a la Corte lo que tiene que hacer seria suponer que no conoce la realidad judicial”, sostuvo la diputada Diana Conti.
Por su parte, el senador radical Ernesto Sanz aprovechó la oportunidad para reclamarle al oficialismo por la falta de elaboración de una ley de movilidad jubilatoria, tal como lo indica el fallo en cuestión. “Si hay un colapso por el caso Badaro, es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Nacional por su tozudez de no cumplir con lo establecido en ese fallo, que es tener una ley nacional de movilidad jubilatoria”, dijo Sanz.
Ante ese planteo, Nicolás Fernández salió en defensa e indicó que “hay vacación de resolver el problema de la jubilación, no es una situación que el Ejecutivo quiere obviar”. Mientras que el senador remarcó que “tenemos una limitación presupuestaria” para el dictado de la ley.
Finalmente, el consejero juez Luis María Cabral señaló la necesidad de dar una respuesta a la situación planteada por la Cámara de la Seguridad Social, y a su vez, pidió darle “curso rápido” al proyecto parlamentario de crear cinco nuevos juzgados de primera instancia y una sala para el fuero.
Otros pedidos por el caso Badaro
A fines de febrero, la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, y luego el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, hicieron dos presentaciones que tienen un objetivo común: que por analogía, se haga extensiva a todos los jubilados, las metodologías de ajuste y retroactividad determinadas por la Corte en el fallo Badaro.
El
pedido de Pierini fue hecho ante el Anses, mientras que
el de Mondino ante la propia Cámara de la Seguridad Social.
dju / dju
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