Lifting completo

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó este miércoles por la tarde la anunciada reforma penal impulsada por el gobernador Scioli. Se introdujeron cambios procesales para reducir la competencia del Tribunal de Casación Penal y se creó un proceso especial para los delitos de flagrancia.

El proyecto destinado a descongestionar las causas en trámite en el Máximo Tribunal penal de la Provincia (unos 7000 mil expedientes) había obtenido media sanción de Diputados el pasado jueves 21 y ahora el Senado le dio la aprobación definitiva.

Sin embargo, la ley sufrió algunas modificaciones respecto a la enviada por el Ministerio de Justicia provincial. La Cámara baja resolvió que los recursos de Casación podrán interponerse “exclusivamente contra las sentencias definitivas que revoquen una absolución o impongan una pena de reclusión o prisión mayor a diez (10) años”, Originalmente el piso era de seis años de condena.

El resto de la reforma tuvo el visto bueno sin mayores cambios. Así, se fijó que para disminuir el tiempo de tramitación de los procesos en Casación, se fijó como término de resolución definitiva seis meses, con posibilidad de prorrogar por seis meses más mediante resolución fundada.

En tanto que “los recursos pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de la ley serán resueltos por salas transitorias ad hoc integradas en la emergencia con jueces de las cámaras de apelaciones y garantías en lo penal”, explicó el senador Roberto Ravale, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En cuanto al proyecto de flagrancia, el nuevo procedimiento acelerará el trámite de las causas en las que el autor fue sorprendido "infraganti" cometiendo un delito. Así durarían un promedio de 60 días para los delitos con penas menores a los 15 años, como el hurto y la tentativa de estafa o robo.

Al respecto, el senador Ravale indicó que “es una herramienta más para la justicia, para que sea más rápida y eficaz tal cual reclama la sociedad” y agregó que, además de aportar celeridad en los procesos, lleva “tranquilidad a los ciudadanos, garantía para los imputados” y actúa como disuasivo para los potenciales delincuentes.

Cabe recordar que la reforma ha sido cuestionada por distintas organizaciones sociales que están a la espera de una reunión con el ministro Casal para proponer la incorporación de nuevos temas.

Se trata de un reclamo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), la Comisión Provincial por la Memoria, la APDH-La Plata y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideran que las medidas impulsadas por el Ejecutivo no solucionarán los problemas actuales del sistema penal bonaerense. Ello porque entienden que se siguen concentrando en los casos que el sistema penal procesa actualmente y que se orientan a los sectores más vulnerables de la población.

Por su parte el co-secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA) y miembro de la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor Mendibil, expresó respecto de la reforma aprobada que “es un nuevo salto al vacío y no garantiza más justicia para los ciudadanos bonaerenses". Según Mendibil se trata de una modificación que violará la igualdad de acceso a la Justicia.

En tal sentido se alinea con la postura asumida por las organizaciones de derechos humanos pues sostiene que no puede hablarse de celeridad ni agilización de procesos si se mantiene la misma estructura ya insuficiente y escaso presupuesto.

Por último remarcó que este mismo modelo con el que pretenden resolver los problemas de inseguridad, sugerido por el Banco Mundial u otros organismos internacionales, ya fue puesto en práctica y mostrado su fracaso en países como España, Chile y otras partes de América latina y el mundo.

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