Un mes para acercar propuestas sobre la superpoblación carcelaria

La mesa de trabajo multisectorial que tiene que analizar la legislación sobre las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires, deliberó este miércoles, por primera vez, y fijó un plazo de 30 días para arribar a algunas conclusiones. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Dorado del Senado bonaerense. El objetivo es estudiar y elaborar anteproyectos adecuar la legislación procesal penal en materia de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales, tal como lo pidieron, en más de una ocasión, la Corte nacional y provincial.

La reunión fue convocada y presidida por la vicegobernadora Graciela Giannettasio. También estuvo la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo, distintos representantes de Fiscalía y Defensoría del Tribunal de Casación Penal, del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados, del Colegio de Magistrados, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y legisladores de ambas cámaras.

“Estamos conformes con la reunión y con los objetivos propuestos. El jueves próximo vamos a ir con una representación de jueces penales para avanzar con los proyectos planteados. Hay que arribar a un dictamen”, le dijo a Diariojudicial.com el vicepresidente de la Asociación de Magistrados bonaerense, Eugenio Rojas Molina. Aunque no están confirmados quiénes representarán a los jueces, ya se sabe que habrá integrantes de los poderes judiciales de Morón, San Isidro, San Martín y Lomas de Zamora. Entre los temas a debatir se destaca la distribución de los internos en el SPF, las salidas transitorias y la prisión domiciliaria.

Al término de la reunión inaugural, Giannettasio informó que la comisión se reunirá todos los jueves y aseguró que “trabajará intensamente” para dar un dictamen en 30 días. Ese informe servirá como base para las reformas previstas en materia penal. Al respecto, la vicegobernadora dijo que ya existen dos proyectos de ley en la Legislatura: uno tiene media sanción de la Cámara de Diputados y otro fue elaborado por el Poder Ejecutivo y tiene que ver también apunta a la superpoblación carcelaria.

El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de la Nación dio a conocer una exhortación “a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales internacionales”. Ante la falta de respuestas, ese pedido fue reflotado hace pocos días por la Corte bonaerense. Ambos fallos se dieron en el marco de la denuncia iniciada en su momento por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

“El motivo (del encuentro) es retomar la mesa de diálogo que se constituyó a través de una exhortación de la Corte Nacional en el caso Verbitsky, que produjo sus frutos en su momento porque una parte de la agenda es una norma positiva de la provincia y tiene que ver con la legislación procesal de la provincia y otra parte -que es la ejecución penal y superpoblación carcelaria- había quedado pendiente”, explicó Giannettasio al término de la primera reunión de la comisión de especialistas.

Tras el fallo de la Corte, en 2005, una mesa de trabajo multisectorial similar dio los primeros pasos en la adecuación de la legislación provincial sobre excarcelaciones y prisión preventiva (leyes provinciales 13.449 y 13.480, promulgadas en marzo y julio de 2006, respectivamente).

Sobre el papel de la Legislatura en materia de superpoblación carcelaria, Giannettasio dijo que “hay sistemas de resolución que tienen que ver con las modalidades de ejecución penal y también tienen que ver con la manera de enseñar cómo se cuentan las plazas (carcelarias), en esto puede colaborar bastante la legislación para fijar pautas”. Y agregó: “No es nada complejo, puede tener una misión de aclarar la normativa vigente y puede tener una misión de colaboración con la misión del Ejecutivo, no solamente sobre la superpoblación”.



dju / dju