31 de Octubre de 2024
Edición 7082 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/11/2024

In Voce

 
WONDERFUL. El arribo a la Argentina del enviado de la reina “Queen ‘s Counsel”, Andrew Mitchell, provocó preocupación en el Ministerio de Justicia. Este asesor letrado de la corona inglesa, especialista en lavado de dinero y en la confiscación de bienes provenientes de delitos y fraudes de guante blanco, brindó una interesante charla días pasados en el piso 11 de los feudos de Rosatti. La primer sorpresa que se llevaron los asesores del ministro, es que pese a la amplia convocatoria de magistrados de la justicia penal, sólo asistió un puñado de no más de 15 jueces, entre los que curiosamente, dicen, no estaba ninguno de los caracterizados magistrados y magistradas que suelen representar al país en cuanta jornada, evento, congreso, conferencia o ágape que se realice en el exterior sobre estos temas. Se ve que a los viajeros no los entusiasma presenciar la conferencia del experto Mitchell porque sólo está a 5 minutos de taxi de Tribunales y como se sabe, sobre la calle Sarmiento no hay free shop. Pero más allá de esta reflexión turística, los hombres de Justicia estaban verdaderamente preocupados por el panorama que pintaba el enviado inglés. Es que a su diagnóstico pesimista de cómo efectivamente progresa la persecución de estos delitos en el país, hay que sumarle lo que por estas horas va a resultar un tirón de orejas cantado: el aplazo del GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero a cuyas recomendaciones se comprometió adherir la Argentina, no podrá certificar favorablemente al país ya que en esta tercer ronda de evaluación que está llevando a cabo este organismo internacional, nuestro país no ha podido demostrar que haya acomodado su legislación y funciones de control al nivel de los estándares comprometidos. Mr. Mitchell marcó un contrapunto fundamental entre los requerimientos de países como EEUU, Canadá y el mismo Reino Unido, y la Argentina. Mientras que aquí para condenar a alguien por lavado de dinero se exige que se acredite el delito anterior que lo posibilitó (narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, etc.), en el sistema anglosajón las normas confiscatorias recaen directamente por la posesión, transferencia, ocultamiento o disfraz de inversiones de dinero negro. Es que allí el esquema probatorio del juicio de confiscación de bienes es el civil. Se basa en una suma de probabilidades que deben sumar un 51% en contra de su posesión legítima para llegar al estado de sospecha que permita echar mano a esos bienes. Pero además el presunto lavador debe someterse a una investigación de sus movimientos financieros de un periodo de hasta seis años para atrás, que permita determinar “su estilo de vida criminal”. En el sistema del UK, también para el chiquitaje hay controles estrictos. Nadie puede tener en efectivo más de 5000 libras, ni en el colchón, ni en el tarro de las cookies. Una libra por arriba es pasible de confiscación. Con estos puchitos las autoridades confiscan más de un millón de libras por semana. Sorprendido el auditorio por lo poco garantista de este sistema para los súbditos británicos, un veterano juez de un tribunal oral de la Capital, haciendo honor a sus canas, y a modo de duelo criollo, le espetó al flemático experto cómo puede ser que la corona británica sea tan estricta para adentro y haga la vista gorda para afuera. Refiriéndose concretamente a los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Vírgenes Británicas, Bermudas, Mann y el Peñón de Gibraltar (hay una sociedad anónima cada 4 ciudadanos), donde hay cuantiosos depósitos. El consejero de la reina, encerrado en sus auriculares de traducción simultánea, asentía con su cabeza mientras asomaba un muy british tono rosado en sus mejillas. Mientras el auditorio acordándose del gol de Maradona a los ingleses, le auguraba un jaque mate, el experto sorprendió con la salida: “tiene absolutamente razón” y dio su explicación. Mitchell describió dos tipos de países: aquellos en donde se puede tener la plata guardada, y aquellos en donde se la puede gastar. Un súbdito británico podrá tener mucho dinero en un paraíso fiscal, pero si quiere vivir a lo grande en Londres y no tiene como demostrar el origen de esos fondos, sabe que va a parar a la cárcel. Por eso le llamó mucho la atención la Argentina al que considera un país privilegiado. Tan privilegiado donde se puede lavar y además vivir de maravillas. Con bellezas naturales, un touch europeo, falta de controles y el bonus track de la devaluación, somos imbatibles.

SI ME MANDAN AL BANCO VOY CONTENTO. Pocos ya recuerdan las postales de la Argentina del Guernica económico, donde solamente un sector experimentaba una sonrisa, aunque más no sea a la manera recatada y picarona de la Mona Lisa. Se trataba de los abogados que a modo de dispensers jurídicos despachaban amparos a troche y moche, convertidos por una vez en la historia en los buenos de la película. Corría el año 2001, sonaban las cacerolas y los bancos tuvieron que salir a apechugar las lluvias de cascotazos y amparos. Para unos, reforzaron los planteles de estoicos vigiladores privados, para los otros, tuvieron que salir a apuntalar a los abogados internos, que no sabían con que mano atajar los penales. Así los bancos grandes corrieron a los brazos de los estudios grandes que montaron sus divisiones “corralito”, contratando a nuevos abogados. Se trabajaba de sol a sol, en algunos estudios inclusive había turnos nocturnos, y se corría contra reloj. Algunos bancos oblaban la bicoca de $ 500.000 por mes en concepto de abono… y a pesar de lo que decían los medios, eran buenos tiempos para algunos. No había demasiada actividad económica, estábamos todos los días en la CNN y el dólar se disparaba a la via láctea. Uno de los casos de blindaje jurídico que quedará como un capítulo de la historia abogadil argentina, fue el que diseñó el Citibank. Así como un ejército que debe formarse de la noche a la mañana sobre el mismo campo de batalla, el Citi contrató al estudio jurídico Marval O´Farrell, que, como tantos otros, montó su división especializada como un traje a medida para un cliente que había puesto la sirena de emergencia en su bóveda (y un cerco de acero en sus vidrieras). Pero en la Argentina todo cambia a la velocidad de la luz: de estar en el primer mundo, pasamos al riesgo país 8000 puntos, tocamos fondo con la devaluación y hoy, de acuerdo con la publicidad oficial somos “un país en serio”. Maradona adelgazó y dejó las drogas, ya no suenan las cacerolas y los amparos dejaron de ser. El Citi habrá empezado a sacar cuentas, y evaluó de que ya no valía la pena seguir contratando los servicios de tan aquilatado y oneroso estudio. Anoticiados de ello, los abogados que se desempeñaban en el área “Corralito”, ven peligrar muy seriamente la continuidad de sus puestos. Por eso ya están poniendo al día sus currículum y visitando las oficinas de estudios tan grandes y reconocidos como Marval, a ver si consiguen laburo. También varios bancos recibieron perfiles profesionales de chicas y muchachos matriculados que tienen unas cuantas horas de vuelo expertizadas en las salidas de emergencia, ya que si bien los conflictos están amesetados, hay que seguir atendiéndolos. Entre los abogados de los amparistas, los de los representantes de los bancos y los empleados judiciales podemos formar un lindo seleccionado de especialistas.

VENDIMIA SALARIAL. En el año 1986 los magistrados del Poder Judicial de la provincia de Mendoza llegaron a un acuerdo, debido a la inflación creciente, que concluyó con un convenio que indexó sus sueldos, cada 3 meses según la inflación que hubiera. Con la convertibilidad el convenio fue dejado de lado, porque no tenía razón de ser, y cayó en desuetudo. No obstante, tras devaluación los mismos magistrados desempolvaron su convenio –que por más que oliera a naftalina, cobró vigencia- y volvieron a indexarse los sueldos. El problema afloró cuando los jueces que ingresaron luego de 1986 pidieron cobrar lo mismo que los otros –los indexados-, y ante la negativa demandaron al Estado provincial ante los tribunales, recibiendo acogida tanto en primera como en segunda instancia, y siempre basados en la intangibilidad del sueldo de los magistrados. Ahora el caso aterrizó en la Corte Suprema, que hace varias semanas intenta definir su posición frente al planteo. Los supremos cortistas saben que si bien sus resoluciones se aplican al caso concreto, esto va a originar un efecto dominó sobre los sueldos de jueces de todas las provincias. Es que el tema de la intangibilidad de los salarios de los magistrados es una garantía de rango constitucional. Hace ya dos semanas atrás, la Corte recibió al presidente del Superior Tribunal de Mendoza, Jorge Nanclares, y tres más de sus ministros, sin que ello tuviera trascendencia en los medios de Buenos Aires. Pero volvieron sin resultados, y con promesa de tratar lo antes posible el problema. Los mendocinos proponen que en el futuro dejen que en la provincia se establezca una ley nueva de sueldos para magistrados, y que se determine nuevo índice de actualización, que sea acordado entre los jueces y el gobierno. Pero la frutilla problemática del postre es que los jueces que se han indexado llegan a cobrar un sueldo mayor a lo que cobran los ministros de la Corte Nacional. Es por ello que este detalle generó una fuerte discusión durante el último acuerdo de ministros nacionales. El problema giró en torno a que, de ser acogido el recurso del gobierno provincial, debería ser tratado por conjueces, ya que esto sentaría un serio precedente en todo el país, que podría hasta indexar los sueldos de los propios integrantes de la Corte Suprema. Problema que además hace sentir la presión desde el Ministerio de Economía, porque el desembolso de dinero para hacer frente a esas indexaciones sería millonario. Si eventualmente decidieran hacer ceder el principio de intangibilidad de los sueldos de los magistrados ante la muletilla de la emergencia nacional ante la crisis post default, no tienen un real convencimiento de cómo hacer dicha fundamentación en contra de sus propios intereses. Parece que están viendo la posibilidad de patear la pelota al touch, y ver con qué excusa devuelven el caso al Superior Tribunal mendocino.



alejandro s. williams / dju
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