La iniciativa entiende como accesibilidad a “la información de la página web, comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o en sus programas”.

Asimismo dispone que sea la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) la encargada de elaborar y determinar las normas y requisitos de accesibilidad. Ello conforme lo establece el reglamento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Normativa internacional al que nuestro país adscribe por ley 26.378.

De aprobarse el proyecto en el Senado, las modificaciones deberán ser implementadas en un plazo máximo de dos años. Plazo que se reduce a un año para aquellas páginas aquellas páginas web en proceso de elaboración, “debiendo priorizarse las que presten servicios de carácter público e informativo”.

La elaboración de dichas normas de accesibilidad se fundamentan en la recomendaciones existentes a nivel internacional por parte de W3C-WAI (web Accesibility Initiative del World Wide Web Consortium). Recomendaciones que “indican lo que el usuario debe poder hacer y que tipo de información debe estar disponible”.

Entre estas recomendaciones, se puede citar por ejemplo; evitar el uso de tamaños de fuentes fijas, la persona desde su navegador podrá cambiar el tamaño del texto para adaptar la página a sus necesidades visuales; las unidades deberán ser relativas y no absolutas, para que se adapten a las distintas resoluciones de los monitores, por ejemplo, en el ancho de columnas; o diseñar con independencia del tipo de dispositivo, teniendo en cuenta que hay usuarios que navegan con navegadores de texto, de voz, en distintos sistemas operativos, web-tv, celulares o computadoras antiguas o de conexiones lentas o costosas. Así como también el subtitulado en los elementos multimedia.

“La falta de acceso a la tecnología informática limita las posibilidades de las personas con discapacidad” pues “los avances técnicos y las nuevas aplicaciones y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones deberían ser una fuente de oportunidades para la integración, el aprendizaje, el empleo y no un conjunto de nuevas barreras que aumente la exclusión y la discriminación” sostiene entre sus fundamentos el proyecto.

El proyecto ahora se encuentra en el Senado, quien será el encargado de convertirla en ley o no. “Muchas personas podrían acceder, a través de la informática, al mundo de la información, desde su casa o lugar de trabajo, transformando de este modo la organización del trabajo y las fórmulas de acceso a los mercados laborales, así como los procedimientos de actualización de habilidades profesionales, desarrollo de las nuevas empleabilidades y nuevas maneras con que se gestionan saberes y conocimientos” concluyen.