Tras el accidente, España decidió buscar a través de la vía judicial y exigir responsabilidades por la catástrofe “ante la magnitud del desastre y de su coste, el Gobierno de España, entre otras acciones judiciales, decidió reclamar por esos gastos la responsabilidad de la empresa norteamericana 'American Bureau of Shipping' (ABS) ante los tribunales norteamericanos”.

Desde hace seis años que el país ibérico lleva adelante estas causas que le han costado 25 millones de dólares (unos 18 millones de euros). Dinero destinado al pago de abogados, costas judiciales, peritos e informes científicos.

Cabe aclarar que estos peritajes pagados por España, le sirvieron para defenderse en pleitos que posee en su contra el Estado y que se tramitan en el juzgado coruñés de Corcubión y Francia (proceso que concluyó definitivamente por sentencia de 15 de mayo de 2008, de manera favorable al Estado Español.

El pleito más importante que lleva adelante el Gobierno español es contra la ABS, la compañía que certificó que las condiciones de navegabilidad del petrolero eran las exigidas por las leyes internacionales.

El argumento español pasa porque la compañía podría ser responsable del naufragio por permitir que el buque continuase con su actividad comercial cuando presentaba notables deficiencias.

En tanto que los costos que tuvo que sufrir el país para afrontar la contaminación de la costa y los daños colaterales fueron de 711 millones de euros (1.000 millones de dólares). Por lo que desde el ejecutivo, se plantea que se debe llegar hasta el final en este proceso, porque es uno de los pocos caminos que tiene para poder recuperar el dinero que se necesitó para palear el daño ambiental.

La causa se encuentra en la Corte de Apelación de Nueva York, que debe resolver el recurso español contra una resolución del 2 de enero, donde Juzgado de Distrito Sur de Nueva York se inhibía del caso. Por lo que todavía se esta discutiendo si los tribunales estadounidenses son o no competentes.

Desde el portavoz de la Izquierda Unida se informó que “estas acciones "prácticamente no han hecho más que empezar" por lo que "queda aún muy lejos que se pueda dictar sentencia sobre el fondo de la cuestión".