El programa, creado por la resolución 746/2007 del Ministerio, tiene seis objetivos en concreto:

1 – Prevenir y combatir la trata de personas.

2 – Informar, difundir y capacitar sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos, los conceptos fundamentales relativos a la trata de personas y los marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la materia.

3 – Colaborar con organismos públicos y privados a fin de llevar un registro actualizado de información atinente a la trata de personas.

4 – Colaborar con otras áreas de gobierno y/o entidades particulares vinculadas a la materia, con el fin de llevar adelante acciones conjuntas de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas.

5 – Actuar con celeridad y eficacia en la asistencia de las víctimas y la eventual derivación del caso por la vía estatal que corresponda.

6 – Participar en campañas de prevención y de concientización pública destinadas a informar sobre la trata de personas.

Según los fundamentos de la iniciativa, la trata de personas es la tercera actividad ilegal del mundo más remunerativa y es considerada como la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Esas afirmaciones están avaladas por cifras: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostienen que “millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas de este lamentable fenómeno”.

El programa estará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y tendrá una Coordinación Ejecutiva y un Consejo Consultivo. La Coordinación se encargará de diseñar e implementar políticas de prevención y asistencia a las víctimas de la trata; mientras que el Consejo será el órgano asesor de la Coordinación sobre la ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos del Programa.

El Consejo Consultivo estará integrado por miembros de diferentes áreas de Gobierno que trabajen sobre el delito de trata de personas.

La creación de este programa forma parte de los convenios internacionales que el país firmó en materia de trata de personas. En agosto de 2002, a través de la ley 25.632, Argentina aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional para promover la cooperación en la prevención y el combate contra los delitos organizados.

Esa convención tiene especialmente integrado el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”. Documento de la Organización de la Naciones Unidas que combate la lucha contra ese delito, protege y ayuda a sus víctimas y promueve la cooperación entre los Estados.

Específicamente sobre los delitos contra los niños, el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga la adopción de medidas para prohibir y eliminar cualquier forma de trabajo infantil.