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19.07.07
INFORME ESPECIAL
Alta conflictividad salarial en los poderes judiciales del país
Al menos en 10 provincias, los empleados reclaman mejoras en sus haberes. Son desde incrementos salariales hasta la aplicación de la porcentualidad con la remuneración de los jueces y el 82 por ciento móvil para las jubilaciones. En otras jurisdicciones comenzarán las próximas semanas demandas similares. El 17 de agosto habrá un paro nacional para que haya equiparación salarial en todo el país.
Una importante cantidad de poderes judiciales del país afrontan reclamos de sus empleados, que en algunos casos incluyen paros desde el año pasado, huelgas ininterrumpidas en los últimos dos meses, estados de alertas y movilizaciones y hasta ayunos. Esas fueron las medidas que se tomaron ante la falta de respuestas y que van a agudizarse desde la próxima semana cuando finalice la feria judicial en el interior.

Los reclamos son especialmente por mejoras salariales, pero también por adecuadas condiciones de trabajo, salarios totalmente en blanco y proporcionales a las remuneraciones de los jueces. Todo ello será pedido por la Federación Judicial Argentina (FJA) en un paro nacional el próximo 17 de agosto.

En un relevamiento realizado por Diariojudicial.com, 8 provincias sufren los conflictos más graves. Son Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires y Chaco. Pero otras como Salta y Tucumán volverán con sus reclamos en las próximas semanas.

“El tema central del conflicto de los judiciales argentinos pasa porque en los años 1989 y 1990 se derogaron los sistemas de porcentualidad y enganche con el sueldo de un juez de la Corte de la Nación que garantizaban el principio constitucional de igual tarea a igual remuneración”, dice Víctor Mendibil, co-secretario general de la FJA, entidad que nuclea a todos los gremios del país excepto los de Santa Fe y la Justicia Nacional y federal.

Ese sistema actualiza automáticamente los salarios de empleados en proporción con los aumentos que reciben los jueces de la Corte Suprema de la Nación o de los Superiores Tribunales de Justicia (STJ). En la década del 80 la relación de los sueldos entre los ministros con los empleados era de 5 a 1, y hoy es de 20 a 1, sostiene Mendibil.

En algunas provincias, los sueldos de los empleados rozan el mínimo, vital y móvil de 980 pesos. En Buenos Aires y San Juan un ingresante gana 1.100 pesos, en Salta 1.040, en Santiago del Estero el básico es de 1.000 pesos y en Entre Ríos un sueldo promedio de bolsillo es de 1.200 pesos. Pero hay casos peores.

En Misiones, por ejemplo, un ingresante gana 1.000 pesos pero el 80 por ciento del sueldo se paga en negro. El año pasado hubo paros todos los martes durante seis meses y habrá una huelga de 72 horas a partir del 31 de julio. La Asociación Judicial reclama un sueldo de 1380 pesos, el blanqueo de las remuneraciones y el descongelamiento de la antigüedad. “Es la peor Justicia del país. Está reconocido el colapso por los mismos ministros del STJ”, señala Arcadio Lewin, general de la Unión Judicial de Misiones

Otra provincia con un conflicto agudo es La Rioja. Allí, desde el 27 de abril los empleados están de paro y sólo se cumplen las guardias. El conflicto llegó hasta el Gobierno Nacional que recibió el pedido de intervención del Poder Judicial que hizo el Colegio de Abogados. La categoría más baja gana 1.154 pesos y el reclamo es que se otorguen los 15.500.000 pesos que la Cámara de Diputados aprobó con el presupuesto de este año pero que el Ejecutivo provincial nunca dio. El lunes habrá una asamblea y todo indica que el paro continuará.

La situación no es mejor en Corrientes. El Sindicato de Trabajadores Judiciales reclama un aumento del 31 por ciento. Todo el Poder Judicial quedó excluido del incremento del 20 por ciento que dio el Gobierno provincial a la administración pública. Los últimos tres viernes antes de la feria hubieron paros de 24 horas. Y la próxima semana la huelga se incrementará en un día, será el jueves y viernes. Luego el gremio decidirá nuevas medidas y algunos ya hablan de un paro por tiempo indeterminado. El reclamo es apoyado por los jueces.

Donde también respaldan los jueces los reclamos es en Entre Ríos. El STJ, la Asociación de Magistrados y la Asociación Judicial están a la espera de una respuesta del Ejecutivo luego de una reunión que mantuvieron los jueces con el ministro de Economía el 6 de julio, dos días después de un paro de 24 horas. El gremio pide que ningún judicial perciba sus haberes por debajo de la canasta familiar más un 10 por ciento. Eso sería un aumento cercano al 25 por ciento.

En otras provincias como Buenos Aires, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba los judiciales recibieron aumentos de entre el 16,5 y el 27 por ciento a lo largo del año. Pero en muchos casos ya piensan en nuevos reclamos. “Los incrementos de marzo fueron comidos por la inflación”, afirma el titular del gremio de Santiago del Estero, Roque Cortéz.

En la provincia de Buenos Aires, hace dos meses que la Asociación Judicial Bonaerense mantiene reuniones con el Poder Ejecutivo para avanzar en el sistema porcentual firmado en 2005. La porcentualidad también se discutirá en Chaco los primeros días de agosto, así como en Salta, donde el 60 por ciento de los sueldos se paga en negro. Allí están en estado de alerta y asamblea permanente y en agosto volverán a reclamar aumentos. Por su parte, en San Juan reclaman un incremento del 50 por ciento, lo que significa entre 600 y 700 pesos, y la incorporación al básico del presentismo.

Sin embargo, los reclamos no sólo apuntan a los salarios. Otro tema preocupante son las jubilaciones ya que la transferencia de las cajas provinciales a la Nación complicó el retiro. En Santiago las jubilaciones se otorgan con el 42 por ciento del sueldo. En esa provincia hay cerca de 100 personas en edad jubilatoria que siguen trabajando. En Tucumán también reclaman el 82 por ciento móvil para las jubilaciones.

En los tribunales nacionales y federales los reclamos que se realizaron en mayo incluyeron un ayuno de 11 días, que encabezó el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, y la instalación de la Carpa de la Justicia frente a los tribunales porteños. Con la intervención de la Corte Suprema, el Gobierno nacional habilitó las partidas para la incorporación de los meritorios, empleados judiciales que trabajan gratis, el pago de una deuda de 2005 y un aumento del 16,5 por ciento.

El próximo 17 de agosto, la FJA realizará un paro de 24 horas en todo el país para reclamarle al Gobierno la equiparación de salarios de cada categoría. También pedirán que se reimplante la porcentualidad, el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y convenciones colectivas de trabajo. “Queremos hacer una mesa de concertación con el Gobierno, establecer cuál es el costo de todos los Poderes Judiciales del país, de manera de unificar los sueldos de empleados, funcionarios y magistrados en un régimen salarial igualitario”, explica el secretario general de la FJA, Jorge Izquierdo.

El mismo pedido hizo la FJA el año pasado sobre las diferencias salariales. Se realizó a través de un trabajo estadístico que se le entregó al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. El paro podría incluir una movilización al Ministerio de Justicia, lo que se decidirá los primeros días de agosto en una reunión del Consejo Superior y la Mesa Directiva de la FJA.


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