Con la firma de su presidente, Miguel Ángel Caminos y su Secretaria General, Alcira Paula Pasini, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (A.M.F.J.N.) le envió ayer una carta al Ministro de Justicia de la Nación Horacio Rosatti expresando “la honda preocupación que provoca a esta Institución la grave situación por la que atraviesan las distintas Unidades del Servicio Penitenciario Federal”.

“Resulta impostergable encarar definitivamente el problema carcelario para dar pleno cumplimiento a los pactos internacionales y al mandato constitucional en cuanto ordena que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas” dice uno de los párrafos de la carta.

La mismo surgió a raíz de un informe elaborado por Sergio Paduczak y Diego Leif Guardia, integrantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y de A.M.F.J.N, en el que describen una “situación crítica” de las Unidades 2 de Villa Devoto y N° 3 de Mujeres de Ezeiza y de dos reuniones que el pasado 18 y 21 de abril la Asociación mantuvo con representantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el Presidente de la Comisión de Legislación Penal y Regímenes Penitenciarios del Senado de la Nación, Jorge Agundez.

En esas reuniones se recibió “información amplia y detallada que permitió conocer una realidad acuciante que debe ser atendida urgentemente para prevenir desenlaces que puede derivar en situaciones conflictivas que podrían tener una conclusión trágica”.

Este no es el primer pedido que el Ministerio recibe en relación a la situación carcelaria. La semana pasada la juez Mirta López González, titular del juzgado nacional en lo criminal de instrucción N° 25, hizo lugar a un habeas corpus presentado por Sergio Paduczak, defensor oficial, y Francisco Mugnolo, procurador penitenciario, por la superpoblación del penal de Devoto, e intimó al Ministerio a llevar a cabo un plan de acción para mejorar la situación de habitabilidad de esa Unidad.

En la intimación la juez dio un plazo de siete días para el traslado de los enfermos de SIDA a lugares acordes para el tratamiento de su enfermedad. Ese plazo vence en los próximos días. Entre otras acciones que el Ministerio debe cumplir se encuentran: la incorporación de 50 nuevos agentes de seguridad y el traslado de internos a otras cárceles.

La Asociación de Magistrados, en su carta, invitó al Ministerio a realizar “actividades conjuntas para hallar soluciones a tan grave problema” con la colaboración de todos los actores judiciales.