La nueva ley intenta reforzar el control sobre las armas incautadas hasta tanto se defina su destino ya que establece que aquellas que sean secuestradas serán devueltas a sus verdaderos dueños, siempre y cuando se verifique que están debidamente registradas, o se dispondrá su destrucción cuando ello surja de una sentencia judicial o de una decisión administrativa.

En el Registro serán asentadas las armas de fuego de cualquier tipo y calibre, municiones y demás materiales incluidos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido secuestrados o incautados por los Poderes Judiciales, nacionales o provinciales, la Policía Federal Argentina, policías provinciales, y demás fuerzas de seguridad u otros organismos competentes por aplicación de la legislación vigente.

Hasta este momento, las armas que eran incautadas o secuestradas por las fuerzas de seguridad se mantenían almacenadas en cada una de las dependencias judiciales o policiales mientras se sustanciaban las respectivas causas.

De ser promulgada, ahora toda vez que se proceda al secuestro de los materiales mencionados la autoridad judicial, policial, de seguridad o administrativa nacional o provincial interviniente, deberá informar al RENAR dentro de los diez (10) días hábiles de producido el secuestro, el lugar y fecha, tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo si lo tuviere o fuese conocido, calibre, entre otros datos. Y el registro procederá a incorporar tales datos en el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados Incautados, a la orden del juzgado o tribunal interviniente.

No obstante, si la autoridad judicial que interviene constatare que conforme la normativa vigente el material secuestrado se halla debidamente registrado, y que hasta tanto culmine la substanciación del procedimiento en trámite corresponde hacer entrega del mismo a su titular en calidad de depositario deberá informar tal decisión al RENAR la que será asentada en el Registro creado a tales efectos.

Previo a su aprobación, el proyecto tuvo que pasar por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal, y Seguridad Interior. Estiman los legisladores que esta iniciativa contribuirá a evitar que las armas secuestradas en un procedimiento policial terminen en manos de delincuentes por falta de controles rigurosos.

Entre las estadísticas que resaltan en nuestro país, ha trascendido que el 99% de los delitos realizados con violencia se formalizan mediante el uso de armas, y el 100% de los mismos es llevado a cabo con armas ilegales.

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