La ombudsman porteña adelantó además que la Defensoría comenzó de oficio una investigación para comprobar en qué clínicas y hospitales del ámbito público o privado se está discriminando a distintas minorías para, de ser necesario, iniciar en sede judicial las acciones legales.

La Defensora del Pueblo porteña se opuso así a esta determinación "de facto" que aplica la Asociación Argentina de Hemoterapia a pesar de que ya en mayo de 1999 se consiguió que el Ministerio de Salud dejara sin efecto esta actitud discriminatoria" mediante la Resolución 365/99. La cuestión pasó también por la Justicia, donde "se produjo un fallo ese mismo año que obligó al Hospital Naval a ajustar su conducta en lo correspondiente a las personas que pueden ser donantes de sangre", explicó Oliveira.

Esta actuación iniciada por la defensora busca que se respeten las disposiciones antidiscriminatorias establecidas en las constituciones Nacional y de la Ciudad, y en las leyes 23.798 (sobre el SIDA) y 23.592 (Contra la Discriminación).

Este tipo de actos discriminatorios se manifiesta a través de exigentes cuestionarios que hay que completar al ofrecerse como donante, en los que se pregunta si la persona es homosexual o bisexual, si ejerció alguna vez la prostitución e inclusive si la persona estuvo detenida por más de 72 horas.

Aunque luego de las denuncias anteriores el Ministerio de Salud dictó resoluciones para que esta situación sea modificada, desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) manifestaron su preocupación porque en los hechos no ha habido cambios.